Durante más de veinte años, el poder en Venezuela aplicó una política de expropiaciones y “nacionalizaciones” que terminó por vaciar sectores estratégicos y expulsar inversión extranjera clave, especialmente de empresas estadounidenses. Hoy, cuando Washington endurece su postura y exige restituciones, desde Caracas se responde con una negación que choca con un expediente público y documentado.

El historial no es difuso ni reciente. En 2007, la toma de activos en la Faja del Orinoco marcó un punto de quiebre con petroleras como ExxonMobil y ConocoPhillips. Ambos casos derivaron en arbitrajes internacionales con fallos adversos para el Estado venezolano y condenas millonarias. Aquella señal fue inequívoca: la seguridad jurídica quedaba supeditada a la conveniencia política.

La ola continuó en sectores industriales y de consumo. Owens-Illinois, referente en envases de vidrio, fue expropiada en 2010. Clorox salió abruptamente en 2014 tras la ocupación de sus instalaciones. En 2017, General Motors perdió su histórica planta en Valencia, cerrando décadas de producción y empleo. Un año después, Kellogg’s cesó operaciones y su planta terminó inactiva bajo control estatal. El patrón se repitió: ocupación, promesas de continuidad y, finalmente, parálisis.

En el ámbito energético, la presión se ha intensificado. Chevron, última gran petrolera estadounidense operando en el país, enfrenta un cerco político y sancionatorio que pone en duda su permanencia. A la par, compañías de servicios petroleros —como Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes y Weatherford— han sido golpeadas por restricciones operativas y financieras que asfixian la cadena productiva.

Las recientes declaraciones de Donald J. Trump elevan el tono: exigencia de restitución total de activos, bloqueo del flujo petrolero y una narrativa que califica al chavismo como estructura criminal. Más allá del lenguaje, el fondo del reclamo apunta a hechos verificables: activos tomados, contratos rotos y fallos internacionales incumplidos o diferidos.

La respuesta oficial desde Caracas —“no sabemos de qué hablan”— contrasta con la evidencia acumulada. Existen documentos, laudos y cronologías precisas. La discusión ya no es si hubo expropiaciones, sino quién asume los costos económicos y sociales de haberlas convertido en política de Estado.

La memoria no se confisca. Los activos tienen nombre, fecha y sector; los efectos, también. Negarlo no borra el expediente ni reescribe la historia y es que sin seguridad jurídica no hay inversión, y sin inversión no hay futuro.

Fuente: La Tijera

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