La deportación del veterano del Ejército de Estados Unidos José Barco genera amplia atención pública debido a la combinación de su historial militar, las heridas sufridas en combate y un extenso expediente penal.

De acuerdo con información divulgada por The Guardian y Arizona Mirror, Barco fue expulsado del país, luego de permanecer varios meses bajo custodia de ICE tras su liberación de prisión.

Según esos reportes, Barco fue llevado desde un centro de detención en Arizona hasta la frontera de Nogales, México, donde agentes federales ejecutaron la orden de deportación.

Su defensa legal afirma que el traslado ocurrió sin previo aviso detallado y que su familia no ha logrado confirmar con exactitud su paradero posterior al procedimiento. La documentación citada por Arizona Mirror señala que el veterano no tiene vínculos directos con México, pese a haber sido dejado en ese punto fronterizo y que su origen se relaciona con la migración de una familia cubana radicada anteriormente en Venezuela.

Barco llegó a Estados Unidos cuando era un niño de cuatro años y se enlistó en el Ejército a los 17, según informó The Guardian. Completó dos despliegues en Irak y resultó herido tras la detonación de un artefacto explosivo improvisado mientras asistía a otros militares.

Por las lesiones recibidas —que incluyeron quemaduras y traumatismo craneoencefálico— obtuvo la condecoración Purple Heart (Corazón Púrpura)y recibió la baja honorable en 2008. De acuerdo con Arizona Mirror, durante su servicio activo inició un proceso de naturalización que no avanzó por fallos administrativos, y ese expediente extraviado constituye un punto central para su equipo legal.

La revisión de documentos judiciales citados por The Washington Post indica que en 2008, mientras tramitaba un segundo intento de naturalización, Barco fue condenado en Colorado Springs por detonar un arma en un incidente en el que una joven embarazada resultó herida.

El tribunal lo sentenció a 52 años de prisión. Tras cumplir 15 años, obtuvo la liberación anticipada en enero de 2025, momento en que fue transferido inmediatamente a la custodia de ICE.

De acuerdo con lo señalado por The Washington Post, su condena penal lo clasificaba como “no ciudadano deportable” bajo la normativa vigente, independientemente de su historial militar o de las solicitudes de ciudadanía incompletas. Organizaciones de apoyo a veteranos y grupos de inmigración han mostrado preocupación por la combinación de servicio militar, heridas de guerra y un proceso migratorio marcado por errores administrativos.

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