Un sargento mayor retirado del Ejército y de la Guardia Nacional de Texas solicitó públicamente a las autoridades migratorias estadounidenses la liberación de su esposa, una ciudadana hondureña detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y sujeta a un proceso de deportación.

Wilmer Trujillo, quien sirvió cerca de dos décadas en las fuerzas armadas y participó en despliegues en Irak y Afganistán antes de retirarse en 2021, aseguró que la detención de su esposa, Arelys Barahona-Martínez, ha sido un golpe devastador para su familia.

La mujer fue arrestada durante una cita de control con ICE en Dallas y posteriormente trasladada a un centro de detención en Oklahoma. Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ingresó de manera irregular a Estados Unidos y sobre ella pesa una orden final de deportación emitida en 2005.

Las autoridades sostienen que el caso siguió el debido proceso y que la actual administración mantiene su compromiso de hacer cumplir las leyes migratorias. Por ello, indicaron que Barahona-Martínez permanecerá bajo custodia mientras se tramita su expulsión del país.

Sin embargo, su abogado afirma que la orden de deportación fue emitida en ausencia porque ella desconocía la audiencia correspondiente y destaca que no posee antecedentes penales. También señala que regresó a Estados Unidos años después para buscar atención médica para su hijo, ciudadano estadounidense que padece neurofibromatosis, una enfermedad que provoca el desarrollo de tumores.

Trujillo y Barahona-Martínez contrajeron matrimonio en 2020 y residen en Texas junto con sus hijos. El veterano sostiene que su esposa es el pilar de la familia y pidió a las autoridades permitir que continúe su proceso migratorio en libertad.

El caso ha despertado la atención de legisladores y organizaciones que siguen las políticas migratorias aplicadas a familiares de militares estadounidenses. La senadora Tammy Duckworth criticó la detención y expresó que los cónyuges de quienes sirven o han servido al país no deberían ser tratados de esa manera, especialmente cuando colaboran con los procedimientos establecidos por las autoridades.

El representante legal de Barahona-Martínez presentó una solicitud para reabrir su caso migratorio y busca que pueda optar a beneficios derivados de su matrimonio con un ciudadano estadounidense, incluido un eventual ajuste de estatus. También estudia mecanismos especiales de protección disponibles para familiares de miembros de las Fuerzas Armadas.

Mientras tanto, Trujillo mantiene su llamado a las autoridades para que reconsideren la detención de su esposa. “No pido privilegios, solo que no destruyan a nuestra familia”, expresó al insistir en que ella no representa una amenaza para la comunidad y merece continuar su proceso fuera de un centro de detención.

Fuente: CBS News y Univision

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