Domingo tras domingo, familiares, activistas y miembros de la comunidad migrante se concentran de manera pacífica a las afueras del centro de detención de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), conocido popularmente como “Alcatraz de los Caimanes”, para exigir la liberación de los migrantes allí retenidos y denunciar las condiciones del recinto. Entre los detenidos se encuentran decenas de ciudadanos cubanos, muchos de ellos en espera de una decisión migratoria que puede derivar en su liberación o deportación.

El centro, ubicado en una zona aislada del sur de Florida y rodeado de humedales, ha sido apodado así por activistas y familiares debido a su localización remota y a la percepción de severidad del régimen de detención.

Según los manifestantes, el aislamiento dificulta el acceso regular de abogados, visitas familiares y el seguimiento público de los casos, lo que incrementa la angustia de quienes esperan noticias de sus seres queridos.

Las vigilias dominicales se han convertido en un espacio de denuncia y solidaridad. Portando carteles, velas y fotografías, los participantes reclaman transparencia en los procesos migratorios y un trato digno para los detenidos. Los familiares aseguran que muchos migrantes no tienen antecedentes penales y que permanecen encerrados durante meses sin información clara sobre el avance de sus expedientes. También señalan preocupaciones relacionadas con la atención médica, la alimentación y el acceso a comunicación con el exterior.

ICE, por su parte, sostiene que el centro opera bajo regulaciones federales y que los detenidos reciben servicios básicos, atención médica y el debido proceso conforme a la ley migratoria vigente. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos insisten en que la detención prolongada, especialmente de solicitantes de asilo y migrantes con procesos civiles, genera un impacto psicológico significativo tanto en los internos como en sus familias.

Para los cubanos detenidos en “Alcatraz de los Caimanes”, la incertidumbre es doble. Muchos huyeron de una crisis económica y social profunda, y temen ser devueltos a un país donde aseguran no tener garantías. Sus familiares, algunos con estatus legal en Estados Unidos, participan activamente en las vigilias como forma de presión pública y de acompañamiento moral.

Las protestas se desarrollan sin incidentes y han logrado atraer la atención de medios comunitarios y organizaciones civiles. Los convocantes afirman que continuarán reuniéndose cada semana hasta que se revisen los casos pendientes y se ofrezcan alternativas a la detención, como la libertad bajo fianza o la supervisión comunitaria.

Mientras tanto, las afueras del centro se han transformado en un símbolo de resistencia pacífica, donde la consigna común es clara: visibilizar a quienes permanecen detenidos y recordar que, detrás de cada expediente migratorio, hay familias que esperan una respuesta.

Fuente: Javier Díaz, periodista

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