Haití permanece en estado de conmoción tras un violento ataque atribuido al grupo armado Gran Grif que dejó al menos 70 muertos y decenas de heridos en el departamento de Artibonite, según denunció una organización no gubernamental. El hecho ocurrió el domingo en las localidades de Jean Denis y Pont Sondé, en una nueva escalada de violencia que agrava la crisis de seguridad en el país caribeño.

De acuerdo con el informe del colectivo Collectif Défenseurs Plus, el ataque habría causado además al menos 30 heridos y la quema de unas 50 viviendas. La organización calificó la masacre como uno de los episodios más graves recientes en la región, donde la presencia de grupos armados ha aumentado en los últimos meses.

Hasta el momento, las autoridades del Gobierno haitiano no han emitido una respuesta oficial detallada sobre el suceso. La Policía Nacional de Haití informó de forma preliminar la muerte de 16 personas en operativos vinculados a la misma ola de violencia, aunque las cifras no coinciden con las reportadas por organizaciones civiles.

La tragedia ha generado condenas internacionales. Las embajadas de Estados Unidos y Francia expresaron su rechazo al ataque y reiteraron su apoyo a las fuerzas de seguridad haitianas y a la nueva estructura internacional de apoyo, la Fuerza de Represión de las Pandillas (FRG), creada por Naciones Unidas para 2025.

La embajada estadounidense condenó lo que calificó como actos de violencia extrema contra la población civil y expresó solidaridad con los haitianos afectados. Por su parte, la representación diplomática francesa señaló que el grupo Gran Grif ya se encuentra bajo sanciones de la ONU por su participación en violaciones graves de derechos humanos.

El ataque ocurre pocos días antes del despliegue inicial de la FRG, un contingente internacional de 5.500 efectivos que reemplazará a la anterior Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad, la cual no logró frenar el avance de las bandas armadas durante su permanencia en el país.

Organizaciones locales han criticado duramente la respuesta del Estado. El Collectif Défenseurs Plus acusó al Gobierno de mantener una actitud de abandono frente a la crisis de seguridad, señalando una “pasividad que agrava la vulnerabilidad de la población” en las zonas más afectadas.

El impacto del ataque ha sido devastador para las comunidades de Artibonite. Cerca de 6.000 personas han sido desplazadas hacia localidades cercanas como Marchand Dessalines, Petite Rivière y Saint-Marc, buscando refugio ante la violencia y la destrucción de sus hogares.

La Oficina de Protección del Ciudadano (OPC) también expresó preocupación por la situación y alertó sobre la dificultad de acceso a las zonas afectadas debido al control de grupos armados. La institución pidió la activación urgente de mecanismos de seguridad coordinados para responder a la emergencia.

En paralelo, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha advertido sobre la expansión de las pandillas en regiones clave del país y ha instado a reforzar el embargo de armas para frenar el flujo ilícito que alimenta la violencia.

Fuente: EFE

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