Yunisley Suárez Rodríguez, esposa del expreso político cubano Aroni Yanko García Valdés, denunció este jueves que recibe amenazas y presiones de agentes de la Seguridad del Estado contra ella y su familia, mientras intenta enfrentar las secuelas del proceso que vivió su esposo y proteger a sus hijos.

Suárez Rodríguez, quien es madre y pasó por una situación muy difícil tras el arresto y condena de su pareja, ha expresado públicamente sus preocupaciones por la seguridad de sus hijos y ha advertido a los agentes que procuren que “no le pase nada a mi familia”. En declaraciones recogidas en redes sociales, la mujer enfatizó: “PROCURENNNN. CUIDADITO CON TOCAR A MIS HIJOOOOOOSSSSS”, en una advertencia dirigida a las autoridades de la Seguridad del Estado.

Aroni Yanko García Valdés, de 31 años y enfermero de profesión, fue condenado por el Tribunal Municipal de Santa Clara a un año y medio de privación de libertad bajo cargos de desacato agravado por publicar un meme en redes sociales que las autoridades consideraron ofensivo contra líderes del Estado. Según relatan fuentes independientes y la propia Suárez Rodríguez, la sentencia se dictó en medio de un fuerte operativo policial, con presencia de agentes de la Seguridad del Estado y sin que se presentaran pruebas contundentes más allá de una copia impresa del contenido digital en cuestión.

Desde entonces, Suárez Rodríguez ha denunciado lo que considera hostigamiento permanente y presión directa sobre ella y sus tres hijos, así como restricciones en su vida cotidiana ligadas a su activismo y a su condición de familiar de un preso político. Las circunstancias también forman parte de un panorama más amplio documentado por organizaciones internacionales que señalan un incremento en la vigilancia, detenciones arbitrarias y restricciones de movimiento dirigidas a familiares de presos de conciencia en Cuba, sin órdenes judiciales ni fundamentos legales claros.

El caso de García Valdés y su familia subraya las tensiones existentes entre ciudadanos que han expresado críticas o demandas de justicia y las prácticas represivas del Estado en la Isla, así como la carga emocional y de seguridad que enfrentan familiares y especialmente madres que buscan proteger a sus hijos en medio de ese contexto.

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