El nombre de Edward Robert Campbell ha sido incorporado recientemente a la lista de represores del régimen cubano, elaborada por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, una decisión que ha generado fuertes reacciones y un nuevo debate público sobre el uso del sistema judicial como herramienta de castigo político en la Isla.
La inclusión fue confirmada durante una entrevista transmitida por Martí Noticias, en la que participaron el periodista Mario Pentón y Luis Domínguez, representante de la citada fundación.
Durante el programa, se expusieron detalles sobre el historial represivo atribuido a Campbell, quien se desempeña como fiscal y ha estado vinculado a procesos judiciales contra jóvenes por expresarse críticamente en redes sociales.
Tras la publicación del reportaje, Mario Pentón relató que decidió contactar telefónicamente a la esposa de Campbell, identificada como Ania, para informarle de la inclusión de su esposo en la lista de represores.
La conversación, según narró el periodista, derivó en una reacción airada por parte de la mujer, quien rechazó el contenido de la denuncia y lanzó amenazas verbales durante la llamada.
Durante el intercambio, Pentón explicó que el fiscal habría solicitado hasta 10 años de prisión para una joven de apenas 20 años, cuyo “delito” fue expresar en redes sociales críticas contra el gobierno cubano.
Tanto el periodista como Luis Domínguez subrayaron la desproporción del castigo, comparándolo con la conducta pública de los hijos del matrimonio, quienes según la información presentada mantienen perfiles activos en Facebook donde presuntamente comercian con divisas y teléfonos móviles, prácticas penalizadas por el propio marco legal cubano.
Luis Domínguez señaló que este contraste evidencia un doble rasero sistemático dentro del aparato judicial del país, donde familiares de funcionarios gozan de impunidad mientras jóvenes críticos enfrentan severas condenas. “Es un patrón que se repite una y otra vez”, afirmó el activista, al tiempo que defendió la importancia de documentar y visibilizar estos casos.
La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba explicó que la lista de represores tiene como objetivo identificar a funcionarios responsables de violaciones de derechos humanos, con el fin de promover la rendición de cuentas y alertar a la comunidad internacional.
El caso de Edward Robert Campbell se suma así a una creciente nómina de fiscales, jueces y oficiales señalados por su rol en la persecución política, mientras continúa aumentando la presión de organizaciones independientes para que se investiguen estas prácticas.
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