El opositor cubano José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), que fue nuevamente encarcelado tras la revocación de su libertad condicional, las autoridades lo acusan de los delitos de "propaganda contra el orden constitucional" y "desacato" a la figura del dictador Miguel Díaz-Canel. Así lo denunció su esposa, la doctora Nelva Ismaray Ortega, tras visitarlo por primera vez en la prisión de Mar Verde, en Santiago de Cuba.
Ortega informó a Martí Noticias que el reencuentro con su esposo tuvo lugar el sábado 10 de mayo. Asistió acompañada por su hijo menor y un primo de Ferrer. Durante el trayecto fueron detenidos en un punto de control, fotografiados y registrados exhaustivamente. El primo fue retenido por las autoridades.
Al llegar a la prisión, los carceleros permitieron solo una breve visita. Aunque en un inicio autorizaron solo un minuto, finalmente se les concedieron tres minutos bajo estricta vigilancia y en condiciones humillantes. “Fue en el pasillo del calabozo. Bajo presión logramos estar un poco más de lo permitido”, explicó Ortega.
Durante ese breve contacto, Ferrer relató que fue golpeado al momento de su arresto el 29 de abril, cuando fue sacado de su casa de forma violenta. Según su esposa, le apretaron las esposas con fuerza extrema, causándole dolor persistente en las muñecas. También aseguró que fue agredido por órdenes del jefe del penal, teniente coronel Vladimir Pineda Guerra, una vez recluido en Mar Verde.
Actualmente, el opositor se encuentra en el destacamento 15 junto a presos comunes. Ortega denunció que las condiciones de reclusión son infrahumanas, con hostilidad constante y amenazas por parte de las autoridades penitenciarias. Aseguró que Ferrer ha podido alimentarse gracias al apoyo de otros reclusos, ya que solo le permitieron recibir parte de los alimentos y artículos básicos que ella llevó.
José Daniel Ferrer, de 54 años, había sido excarcelado en enero de 2025 como parte de un acuerdo entre el régimen cubano y el Vaticano. Permanecía bajo libertad condicional, aunque su condena se había dado por extinguida fuera de prisión. No obstante, su libertad fue revocada bajo el argumento de que no cumplía ciertas condiciones, como presentarse ante el juez y abstenerse de continuar con su activismo.
En 2021, fue arrestado por intentar unirse a las históricas protestas del 11 de julio. Posteriormente, el régimen revocó una sanción previa de más de cuatro años que cumplía bajo arresto domiciliario, acusándolo de delitos comunes, en lo que muchos califican como una maniobra política para neutralizar su liderazgo opositor.
La familia de Ferrer exige su liberación inmediata y responsabiliza al Estado cubano por su integridad física y emocional.
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