En medio del acelerado incremento de robos, desvío de recursos y expansión del mercado ilegal de combustible que afecta a varias regiones del país, el servicio de vigilancia y patrullaje detuvo en el puente de Versalles a dos ciudadanos que transportaban 625 litros de gasolina en un auto particular.

El operativo, realizado durante un control rutinario, permitió identificar una presunta operación de actividad económica ilícita, un fenómeno que adquiere dimensiones alarmantes ante la proliferación de redes dedicadas al contrabando de carburantes.

Los detenidos fueron identificados como Yasimel Pérez Falcón, trabajador por cuenta propia, con un historial delictivo que incluye robo con fuerza, hurto, así como hurto y sacrificio de ganado mayor; y Pedro Roberto Cañete Sánchez, ciudadano desocupado y sin antecedentes penales.

Ambos permanecen bajo custodia policial y, según las autoridades, “responderán ante la ley”.

De acuerdo con la información publicada por el perfil de Facebook ConTodosLaVictoria, el hallazgo de más de seiscientos litros de combustible en un vehículo particular no solo confirma la existencia de operaciones clandestinas bien organizadas, sino que además evidencia la debilidad de los mecanismos de control que deberían proteger recursos estratégicos en un momento de fuerte escasez.

Vecinos de la zona han manifestado preocupación ante la creciente frecuencia de delitos relacionados con el tráfico de gasolina, el robo de combustible estatal y la comercialización a precios abusivos en el mercado negro. Muchos denuncian que estas actividades se han vuelto “cotidianas”, mientras los ciudadanos honestos padecen colas interminables, restricciones y un acceso cada vez más limitado a un recurso vital para el transporte y la actividad económica.

La detención de Pérez Falcón y Cañete Sánchez se suma a otros casos recientes que reflejan un escenario delictivo que no deja de expandirse.

Aunque el operativo policial recibió reconocimiento en redes sociales, sectores de la población insisten en que se necesitan acciones más contundentes, investigaciones profundas y sanciones ejemplares para frenar las redes que lucran con un recurso escaso y crítico para la vida diaria.

El caso continúa en investigación, y las autoridades aseguran que se darán a conocer más detalles a medida que avance el proceso.

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