La comunidad cubana en Estados Unidos vuelve a estremecerse tras la detención del médico cubano Miguel A. Alba, arrestado este mes en Houston, Texas, cuando asistía a una cita de rutina con autoridades migratorias.

Alba, quien cuenta con un documento I-220A —entregado por el propio gobierno estadounidense al momento de su entrada al país— llevaba más de dos años residiendo legalmente junto a su familia, trabajando como asistente médico y sosteniendo a sus tres hijos menores de edad.

Su esposa, también doctora, relató entre lágrimas: “Mis hijos están sufriendo mucho. Él es un padre ejemplar”. La noticia desató una ola de indignación entre vecinos, colegas y amigos: “Es una bella persona, un hombre trabajador y respetuoso”, comentó uno de ellos.

Otros han expresado frustración por la incertidumbre que viven las familias cubanas con I-220A, señalando que estas detenciones se realizan sin patrón claro: “No importa si tienes caso abierto o no. Es una lotería. Personas mayores, mujeres con niños… nadie está seguro”.

El caso de Miguel no es aislado. En los últimos meses, múltiples médicos cubanos con I-220A han sido detenidos por ICE tras haber vivido años en Estados Unidos, trabajando, pagando impuestos y sin historial delictivo. Entre ellos destacan el doctor Ernesto M., pediatra, arrestado en Florida tras acudir a una cita programada; la doctora Lianet R., detenida en Georgia pese a tener un empleo estable en una clínica comunitaria sí como el cirujano general A.C., quien había completado parte del proceso para revalidar su título médico antes de ser trasladado a un centro de detención.

Muchos recuerdan que Estados Unidos ha condenado históricamente la explotación de médicos cubanos en misiones internacionales, y que varios estados como Florida con la ley SB7016, impulsada con apoyo de la organización Solidaridad Sin Fronteras, han creado vías especiales para que profesionales de la salud puedan ejercer.

Los comentarios en redes sociales reflejan el impacto emocional y social que están generando estos arrestos. “A los buenos los deportan y los que han tenido fechorías están ahí”, lamentó una usuaria.

Otros cuestionan la falta de coherencia en la política migratoria: “¿Para qué dejaron entrar a estas familias para ahora deportarlas después de años viviendo aquí?”. También preocupa la vulnerabilidad psicológica que experimentan los poseedores de I-220A: “Viven con miedo constante, no saben si al salir a comprar los van a detener”, escribió otra persona.

Mientras crecen las denuncias, familiares, colegas y activistas piden que se revisen estos casos y se otorgue protección a profesionales que han demostrado integrarse plenamente. “Es injusto. Son personas de bien, padres de familia, trabajadores. No merecen esto”, concluyó una vecina cercana al doctor Miguel Alba.

Del perfil de Javier Díaz

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