Wilmer Chavarría, superintendente del Distrito Escolar de Winooski en Vermont, denunció haber sido sometido a un largo y tenso interrogatorio en el Aeropuerto Intercontinental George Bush de Houston, Texas, el pasado 22 de julio, a pesar de ser ciudadano estadounidense y miembro activo del programa Global Entry. Su caso ha encendido las alarmas sobre el creciente escrutinio migratorio que enfrentan algunos viajeros, incluso cuando poseen todos sus documentos en regla.

Chavarría regresaba de un viaje a Nicaragua acompañado de su esposo, Cyrus Dudgeon, cuando fue separado por agentes federales para ser interrogado por más de cuatro horas. El educador afirma que los oficiales le cuestionaron insistentemente sobre su matrimonio, su trabajo como superintendente y sus actividades fuera del país. Además, se le solicitó acceso a sus dispositivos electrónicos personales y laborales.

“Fue un episodio profundamente perturbador, que se sintió como una forma de intimidación psicológica”, declaró Chavarría al medio Vermont Public. Señaló que los agentes lo presionaron para entregar contraseñas, y lo amenazaron con consecuencias laborales si se negaba a cooperar.

Aunque accedió a que revisaran su teléfono personal, se mostró renuente a permitir el acceso a su computadora del trabajo, alegando que contenía datos sensibles de estudiantes. Finalmente, accedió bajo la condición de que no se violara esa información. Sin embargo, la revisión se llevó a cabo sin su presencia, lo que le genera dudas sobre la confidencialidad de los datos examinados.

Una vez concluido el procedimiento, se le devolvieron sus dispositivos y pudo reencontrarse con su esposo. No obstante, recibió un correo electrónico notificándole que su membresía en el programa Global Entry había sido revocada por “no cumplir con los requisitos de elegibilidad”, sin más detalles.

El caso ha generado preocupación en Vermont y entre defensores de los derechos civiles, quienes señalan un incremento en los registros electrónicos a viajeros por parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Aunque esta agencia afirma que dichas inspecciones son “poco frecuentes y reguladas”, organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) han advertido que muchas de estas prácticas carecen de supervisión judicial y pueden extenderse durante días o semanas.

Jill Martin Díaz, directora del Proyecto de Asistencia para Asilo en Vermont, explicó que el Departamento de Seguridad Nacional tiene amplias facultades para llevar a cabo este tipo de revisiones en nombre de la seguridad nacional. “Lo preocupante es que no hay límites claros. Muchos ciudadanos y residentes legales están siendo detenidos y cuestionados de forma desproporcionada”, aseguró.

Tras este incidente, el Proyecto de Asistencia para Asilo publicó una serie de recomendaciones para viajeros, entre ellas: mantener la calma, tener los documentos visibles, responder con honestidad pero sin dar información extra, y solicitar asistencia legal si se perciben abusos.

Chavarría, quien había asegurado a sus estudiantes que no debían temer al cruzar fronteras, hoy piensa distinto. “Mi experiencia me ha demostrado que incluso con ciudadanía, nadie está exento de ser cuestionado o intimidado”, concluyó.

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