Roberto Mosquera llegó a Estados Unidos desde Cuba durante el éxodo del Mariel de 1980, cuando todavía era un niño. Allí creció, cumplió una condena por delitos cometidos en su juventud, formó una familia y pasó décadas bajo supervisión migratoria. Sin embargo, en 2025, durante una cita rutinaria con las autoridades de inmigración, fue detenido y deportado a Esuatini, un pequeño país africano con el que nunca había tenido relación. Más de un año después, continúa recluido en una prisión de máxima seguridad, sin una nueva condena y mientras organizaciones de derechos humanos cuestionan la legalidad de su detención.

La historia de Roberto Mosquera comenzó en 1980, cuando salió de Cuba durante el éxodo del Mariel rumbo a Estados Unidos. Décadas después, aquel niño había construido prácticamente toda su vida. Trabajó como plomero especializado, se casó y tuvo cuatro hijas.

Su pasado, sin embargo, incluía graves problemas con la justicia. Durante sus veinte años fue condenado por delitos relacionados con un tiroteo entre pandillas y permaneció en prisión hasta 1996. Tras cumplir su condena, Estados Unidos mantuvo vigente su orden de deportación, pero durante años no pudo ejecutarla porque Cuba no aceptaba el retorno de determinados ciudadanos cubanos.

Todo cambió en 2025. Durante una cita rutinaria con las autoridades migratorias, Mosquera fue detenido y posteriormente deportado a Esuatini, un pequeño reino del sur de África. No tenía familiares ni vínculos conocidos con el país y, según una investigación de The New York Times Magazine, ni siquiera había oído hablar de él antes de su traslado.

El 16 de julio de 2025 llegó junto a otros cuatro deportados tras un viaje de unas 30 horas en una aeronave militar estadounidense. Su destino fue el Complejo Correccional de Matsapha, una prisión de máxima seguridad.

Más de un año después, continúa detenido. Amnistía Internacional cuestiona la base jurídica de su encarcelamiento y ha pedido que los deportados sean presentados ante un tribunal competente o liberados si no existe fundamento legal para mantenerlos presos.

Durante su reclusión, Mosquera realizó una huelga de hambre y su salud se deterioró. También desarrolló glaucoma y ha perdido parte de la visión en ambos ojos.

Su caso forma parte de un programa más amplio: Estados Unidos ha pagado unos 5,1 millones de dólares a Esuatini para recibir hasta 160 deportados. Para organizaciones de derechos humanos, el caso de Mosquera plantea una pregunta fundamental: ¿puede una persona que ya cumplió su condena terminar encarcelada indefinidamente, a miles de kilómetros de su hogar y sin nuevos cargos?

Fuente: Periodico Cubano

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