Una nueva denuncia ciudadana ha puesto en el centro de la atención pública a la Subteniente Liliana Tejeda Infante, oficial de la PNR en la provincia de Ciego de Ávila, acusada de prácticas represivas y de extorsionar a pequeños empresarios locales.

Según testimonios recogidos por La Tijera News, Tejeda Infante lleva 14 años en la PNR y habría utilizado su posición para imponer amenazas, multas arbitrarias y decomisos de mercancías a dueños de Mipymes en la región, afectando directamente la supervivencia económica de numerosos ciudadanos.

Lo que más alarma a la ciudadanía es el historial previo de la funcionaria. Antes de integrarse a la policía, Tejeda Infante trabajaba como Técnica de Enfermería en el Hospital Provincial "Dr. Antonio Luaces Iraola" donde, de acuerdo con las denuncias, cometió graves irregularidades que pusieron en riesgo la vida de pacientes.

En lugar de enfrentar sanciones legales, habría sido reubicada dentro del aparato policial, lo que refleja, según los denunciantes, un patrón preocupante en el que individuos con antecedentes cuestionables son protegidos y promovidos dentro de estructuras de poder del régimen.

Ciudadanos contactados por La Tijera destacan que estos hechos no son aislados. La percepción general es que la corrupción, el abuso de poder y la impunidad se han normalizado en los órganos represivos de Cuba.

La función de la policía, destinada a proteger y servir al pueblo, se distorsiona cuando uniformados utilizan su autoridad para intimidar y castigar a quienes buscan ganarse la vida mediante emprendimientos legítimos.

El caso de Liliana Tejeda Infante se convierte en un símbolo de esta problemática: una transición preocupante de un sector esencial para la vida y la salud como el hospital, hacia un rol represivo que afecta directamente a la población civil.

La denuncia también invita a la reflexión sobre la necesidad de mecanismos efectivos de control, transparencia y rendición de cuentas dentro de las instituciones cubanas, especialmente aquellas que poseen facultades de coerción y sanción.

Las autoridades locales no han ofrecido respuestas públicas, mientras los afectados buscan visibilizar estas prácticas y alertar a la sociedad sobre los riesgos de la impunidad institucionalizada.

Fuente: La Tijera News

Denuncia original: Cuba Primero

Recomendado para ti