Las autoridades cubanas detuvieron recientemente a siete operadores de bombeo en la Terminal de Ferrocarriles de Matanzas, acusados de extraer combustible de manera ilegal de varios vagones cisterna estacionados en el lugar. La información fue divulgada por la página oficialista de Facebook Con Todos La Victoria, que presentó el caso como un “acto de sabotaje” contra la economía del país.

Según los detalles publicados, los implicados habrían intentado sustraer unos 165 litros de diésel y 20 litros de gasolina. Para ello, aprovecharon su acceso directo a los vagones, destinados al transporte de combustible, pero que decidieron convertir —al menos por unas horas— en una fuente clandestina de abastecimiento. La maniobra, sin embargo, no pasó desapercibida y terminó con su arresto.

El reporte oficial describió el hecho como un comportamiento “vergonzoso”, destacando que se trataba de trabajadores que, en teoría, debían proteger los recursos de la entidad que les emplea. El robo de combustible ha sido un problema recurrente en diversas provincias del país, agravado por la crisis energética y la escasez que afecta directamente al transporte, los servicios básicos y el funcionamiento de múltiples sectores productivos.

De acuerdo con la publicación, el combustible sustraído regresó de inmediato al inventario, mientras que los siete operadores fueron puestos bajo proceso judicial, enfrentando cargos por sabotaje. Aunque el término suele utilizarse en Cuba para describir acciones que perjudican infraestructuras o recursos estatales.

Más allá del tipo penal que se les impute, el incidente vuelve a poner sobre la mesa el incremento de este tipo de hechos, que parecen multiplicarse en medio de una profunda crisis económica. El combustible, uno de los bienes más escasos y estratégicos del país, se ha convertido en un blanco constante para redes de hurto y desvío, muchas veces vinculadas incluso a trabajadores con acceso directo a depósitos y medios de transporte.

Episodios similares se han reportado en empresas estatales, áreas agrícolas y centros de transporte, donde el descontrol y la precariedad han facilitado la proliferación de robos. En paralelo, la población vive los efectos directos de la escasez: apagones prolongados, reducción del transporte público y afectaciones en sectores como la agricultura y la industria.

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