Las autoridades del municipio de Perico, en la provincia de Matanzas, detuvieron recientemente a una ciudadana acusada de dedicarse al proxenetismo, según reportes procedentes del Consejo España. La mujer, identificada como Elisneydis Carrillo Vázquez, fue arrestada en plena vía pública luego de que se le señalara como responsable de contactar y reclutar mujeres para que sostuvieran relaciones sexuales con hombres a cambio de dinero.

De acuerdo con la información divulgada por la página oficialista Con Todos La Victoria, Carrillo Vázquez había convertido esta actividad ilícita en su “emprendimiento”, gestionando encuentros a través de los cuales obtenía beneficios económicos. Su modus operandi consistía en acercarse a mujeres de la localidad, muchas de ellas en situaciones vulnerables, para convencerlas de involucrarse en la explotación sexual organizada. Esta práctica, lejos de ser un “negocio”, constituye un delito grave en Cuba y una violación directa a la integridad y dignidad de las víctimas.

La detención se produjo tras las denuncias de varios residentes, alarmados por el incremento de este tipo de actividades en la zona. La policía actuó de inmediato y procedió a trasladarla a una estación policial, donde permanece bajo investigación. Según las autoridades, enfrenta cargos por proxenetismo, un delito penado severamente por la legislación cubana.

Aunque las autoridades locales han intensificado operativos y campañas para frenar esta modalidad de crimen, los vecinos aseguran que continúa siendo una realidad escondida, normalizada en algunos espacios y difícil de erradicar sin un enfoque integral. La detención de Carrillo Vázquez, si bien representa un golpe a esta práctica en Perico, no resuelve de fondo la problemática que empuja a tantas personas hacia dinámicas de abuso y explotación.

La comunidad, por su parte, ha mostrado alivio tras la intervención policial, aunque persisten las preocupaciones sobre el aumento de delitos vinculados a la explotación sexual y la falta de protección para quienes son más susceptibles a caer en estas redes. La situación evidencia nuevamente la necesidad urgente de políticas sociales efectivas, apoyo institucional y vigilancia constante para evitar que la crisis continúe alimentando este tipo de delitos.

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