El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) reiteró que está llegando a su fin el Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 500.000 venezolanos. En medio del nuevo escenario abierto tras la extracción de Nicolás Maduro y el arranque del proceso judicial por narcotráfico, la portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, sostuvo que quienes estaban amparados por el programa ahora pueden “volver a casa con esperanza”.

En declaraciones ofrecidas a una televisora estadounidense, McLaughlin afirmó que la administración Trump habría contribuido a estabilizar el panorama en Venezuela y que, por esa razón, los venezolanos estarían en condiciones de regresar a su país, “a un lugar que aman”, gracias a los cambios políticos derivados de la intervención de EEUU y la captura de Maduro.

La funcionaria presentó el fin del TPS como parte de una nueva etapa para Venezuela, argumentando que las condiciones de seguridad y gobernabilidad habrían mejorado al punto de permitir retornos sin el nivel de riesgo que motivó la protección en años recientes. Bajo esa lógica, el DHS interpreta que el contexto actual favorece la salida del programa y el retorno de una parte de los beneficiarios.

Sin embargo, estas afirmaciones han sido recibidas con escepticismo por sectores que advierten que la salida de Maduro no implica, por sí sola, una transformación completa del sistema de poder. Señalan que gran parte del aparato chavista seguiría en pie y que, pese a la disposición de Delcy Rodríguez a cooperar con Trump, persisten denuncias de represión, falta de libertades políticas y dudas sobre cómo se desarticularían redes de corrupción y narcotráfico vinculadas a estructuras estatales.

Dentro de Estados Unidos, la decisión ha generado preocupación en comunidades con fuerte presencia venezolana, como Florida, Texas y Nueva York. Para muchos migrantes, el TPS ha sido clave para trabajar legalmente, sostenerse y evitar la deportación. Abogados de inmigración han advertido que la medida no equivale necesariamente a una salida inmediata, pero sí empuja a miles de personas a tomar decisiones rápidas sobre su situación migratoria, elevando la ansiedad en quienes dependen del programa.

Desde 2021, el TPS ofreció un alivio temporal a venezolanos que huían de una crisis política y económica severa. Ahora, con la eliminación del beneficio, muchos deberán explorar alternativas como solicitudes de asilo u otras vías de regularización; quienes no logren encajar en esas opciones podrían quedar expuestos a procesos de deportación.

Aun con los cambios políticos en Venezuela, el DHS confirmó que los vuelos de deportación continuarán. La administración Trump mantiene su enfoque de expulsar a inmigrantes en situación irregular, incluyendo a integrantes de organizaciones criminales como el Tren de Aragua (TdA), señalado por Washington como organización terrorista extranjera. Según esta visión, la actividad del grupo —asociada a delitos como tráfico de drogas y armas, secuestro y extorsión— ha sido uno de los argumentos para sostener las deportaciones incluso tras el fin del TPS.

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