El gobierno de Estados Unidos presentó una demanda civil en una corte federal del sur de Florida para revocar la ciudadanía estadounidense de un exoficial del Ejército peruano, al que acusa de haber ocultado su presunta participación en graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto interno en Perú a finales de la década de 1980.

El Departamento de Justicia identificó al acusado como Luis Miguel Fernández Gaviola, un ciudadano naturalizado nacido en Perú, quien habría participado en al menos ocho ejecuciones extrajudiciales ocurridas en noviembre de 1989 en el distrito de Pucará, según la demanda presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Miami.

De acuerdo con los documentos judiciales, Fernández Gaviola se desempeñó como subcomandante de infantería en el área de inteligencia (G-2) de la 31.ª División de Infantería del Ejército peruano. En ese cargo, habría comandado una unidad militar implicada en la muerte de ocho residentes locales, quienes supuestamente fueron señalados por su presunta afiliación política.

Las autoridades estadounidenses sostienen que, tras estos hechos, Fernández Gaviola emigró a Estados Unidos en 1992 y posteriormente solicitó beneficios migratorios sin revelar su historial militar ni su presunta implicación en abusos contra los derechos humanos.

Según el Departamento de Justicia, en 2003, al solicitar el ajuste de estatus para convertirse en residente permanente legal, el acusado declaró falsamente bajo pena de perjurio que no había prestado servicio militar en el extranjero y que nunca había participado en el asesinato de personas por motivos políticos.

Cuatro años más tarde, cuando solicitó la naturalización estadounidense, Fernández Gaviola habría vuelto a mentir bajo juramento al afirmar que no había estado involucrado en persecuciones por razones políticas y que no había proporcionado información falsa o engañosa a funcionarios del gobierno de Estados Unidos en trámites migratorios anteriores.

El gobierno federal sostiene que estas supuestas falsedades constituyen fraude migratorio y ocultamiento de hechos materiales, lo que, de ser probado en los tribunales, podría justificar la revocación de su ciudadanía.

“Nadie que cometa atrocidades como estas tiene derecho al preciado don de la ciudadanía estadounidense”, declaró Brett A. Shumate, fiscal general adjunto de la División Civil del Departamento de Justicia. “Tenemos la obligación de proteger al pueblo estadounidense de violadores de derechos humanos que abusan de posiciones de poder, sin importar dónde hayan cometido sus crímenes”.

Por su parte, el fiscal federal Jason A. Reding Quiñones, del Distrito Sur de Florida, subrayó que la ciudadanía estadounidense es un privilegio que debe obtenerse de manera honesta y conforme a la ley. Señaló que, aunque las acusaciones aún deben ser probadas en los tribunales, el Departamento de Justicia tiene la responsabilidad de actuar cuando existen pruebas creíbles de que un beneficio migratorio pudo haberse obtenido mediante fraude u ocultación.

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