La Casa Blanca confirmó que Estados Unidos avanza en el proceso legal para incautar el petróleo transportado por un buque capturado esta semana cerca de las costas de Venezuela, señalado por Washington como parte de una red internacional que evade sanciones y financia a organizaciones consideradas terroristas por el gobierno estadounidense.

Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, informó que el barco está actualmente bajo un procedimiento federal de decomiso que incluye interrogatorios a la tripulación, recopilación de evidencias y la evaluación de su posible traslado a un puerto estadounidense. Según la vocera, el petrolero opera como un “buque sombra sancionado”, vinculado al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

El presidente Donald Trump había adelantado el miércoles la incautación del buque, aunque sin ofrecer detalles. Poco después, la fiscal general Pam Bondi precisó que se trata de un petrolero previamente sancionado por su participación en una red ilícita dedicada al transporte de crudo para financiar a grupos como Hezbolá y la Guardia Revolucionaria.

Un funcionario federal confirmó a NBC News que el barco es el Skipper, identificado anteriormente por el Departamento del Tesoro bajo el nombre Adisa, operado por empresas fantasma asociadas al empresario Viktor Artemov. Documentos públicos de sanciones del año 2022 describen al buque como parte de una extensa operación de contrabando diseñada para burlar restricciones y generar ingresos fuera del sistema financiero internacional.

Cuando la prensa preguntó al presidente Trump qué destino tendría el petróleo confiscado, respondió de forma escueta: “Lo conservaremos, supongo”, subrayando que corresponde a las autoridades judiciales completar el proceso.

El gobierno de Nicolás Maduro rechazó inmediatamente la acción de Estados Unidos. Yván Gil Pinto, canciller venezolano, calificó el decomiso como un “robo flagrante” y afirmó que, a su juicio, la medida confirma que el interés estadounidense en Venezuela siempre ha estado relacionado con sus recursos energéticos.

“Siempre se ha tratado de nuestra riqueza natural, nuestro petróleo, nuestra energía”, declaró el canciller en redes sociales.

El incidente ocurre en medio de un clima de alta tensión entre Washington y Caracas. En los últimos meses, Estados Unidos ha reforzado su presencia militar en el Caribe, argumentando operaciones contra el narcotráfico. El despliegue incluye el portaaviones USS Gerald R. Ford y varios destructores, lo que ha sido interpretado como un mecanismo de presión adicional sobre el gobierno de Maduro.

El mandatario venezolano, acusado en una corte federal estadounidense de narcoterrorismo, evitó referirse directamente a la incautación durante un acto público con agricultores, aunque insinuó su postura frente a la escalada diplomática: “No es momento de cobardes. Es hora de combatir”, afirmó.

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