El régimen chavista puso en marcha un estado de excepción en Venezuela tras la operación militar de Estados Unidos que terminó con la detención de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. La medida quedó oficializada con la publicación en la Gaceta Oficial del Decreto de Estado de Conmoción Exterior, un texto con rango de ley que amplía de forma significativa las facultades del Ejecutivo.

El documento, citado por Infobae, está fechado el sábado 3 de enero, el mismo día en que se produjo la extracción de Maduro y Flores, aunque fue difundido públicamente el lunes 5. El decreto aparece firmado por el propio Maduro y refrendado por Delcy Rodríguez, quien ese mismo lunes juró como presidenta interina.

Entre las disposiciones más controvertidas, el texto ordena a los cuerpos policiales nacionales, regionales y municipales localizar y detener a cualquier persona que el régimen considere involucrada en la promoción o el apoyo a la operación militar estadounidense. La instrucción apunta directamente al juzgamiento de los detenidos y otorga amplias atribuciones a las fuerzas de seguridad.

El estado de conmoción se establece por 90 días, con posibilidad de prórroga por un período similar. Durante ese lapso, sectores estratégicos como los servicios públicos, la industria petrolera y otras áreas clave del Estado quedan militarizados, y su personal pasa temporalmente a estar bajo régimen militar, reforzando el control de las Fuerzas Armadas sobre la economía y la vida cotidiana.

Además, el decreto habilita al Ejecutivo a confiscar bienes, suspender derechos como la reunión y la manifestación pública, y adoptar “cualquier otra medida” que considere necesaria para la defensa nacional. Aunque el texto afirma que se preservarán derechos básicos como la vida y la libertad personal, reconoce explícitamente la posibilidad de restringir garantías constitucionales.

La Constitución venezolana establece que incluso en estados de excepción deben respetarse derechos intangibles como el debido proceso, la prohibición de la tortura y la incomunicación, y el acceso a la información. Aun así, el decreto apela a la movilización popular y llama a defender el país con “fervor patriótico”.

En paralelo, organizaciones de prensa denunciaron detenciones temporales de trabajadores de medios en Caracas durante actos oficiales. Según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, 14 comunicadores fueron arrestados y luego liberados, aunque un periodista extranjero fue deportado. La información fue difundida por Reuters, que indicó no haber podido corroborar los arrestos de forma independiente y señaló la falta de respuesta oficial de las autoridades venezolanas. China, por su parte, aseguró que sus periodistas en Venezuela se encuentran a salvo.

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