El embajador de Cuba en República Dominicana, Ángel Arzuaga Reyes, afirmó ante cámaras que en la Isla existe libertad de expresión y que ninguna persona es encarcelada por disentir u opinar diferente, declaraciones que han generado controversia y críticas en redes sociales y entre sectores de la oposición.

Según difundió el comunicador Mario Vallejo, el diplomático sostuvo durante una intervención pública que en Cuba se respetan los derechos ciudadanos y que no existen presos por motivos políticos. Arzuaga defendió la postura oficial del Gobierno cubano, reiterando que quienes cumplen sanciones lo hacen por delitos tipificados en el Código Penal y no por expresar criterios contrarios al sistema.

Las declaraciones se producen en un contexto marcado por el debate internacional sobre la situación de los derechos humanos en la isla, especialmente tras las protestas del 11 de julio de 2021, que derivaron en cientos de detenciones y procesos judiciales.

Organizaciones independientes y familiares de detenidos han denunciado que varias personas permanecen en prisión por su participación en manifestaciones o por expresar opiniones críticas contra el Gobierno. Las autoridades cubanas, por su parte, han negado reiteradamente la existencia de presos políticos y sostienen que se trata de ciudadanos procesados por actos vandálicos, desórdenes públicos u otros delitos.

Las palabras del embajador en territorio dominicano provocaron reacciones encontradas. Mientras simpatizantes del Gobierno respaldaron su postura, críticos calificaron sus afirmaciones como alejadas de la realidad que, aseguran, viven numerosos activistas y periodistas independientes en la isla.

Hasta el momento, la embajada cubana en Santo Domingo no ha emitido una declaración adicional para ampliar o precisar las palabras de su representante. La controversia se suma a un escenario regional donde el tema de las libertades civiles en Cuba continúa siendo objeto de debate político y mediático.

El intercambio reaviva la discusión sobre la narrativa oficial y las denuncias de la sociedad civil, en un momento en que la situación de los derechos fundamentales en la isla sigue bajo escrutinio internacional.

Fuente: Mario Vallejo

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