La Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Perú condenó al expresidente Pedro Castillo a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para la rebelión, relacionado con el intento de autogolpe ocurrido en 2022. La sentencia confirma la responsabilidad de Castillo en el intento de disolver el Congreso y asumir poderes extraordinarios, aunque no fue hallado culpable del delito de rebelión.

Junto a Castillo, fueron condenados Betssy Chávez, ex primera ministra, y Willy Huerta, exministro del Interior, quienes recibieron la misma pena. Por su parte, Aníbal Torres, también exministro y parte del grupo de coacusados, fue sentenciado a 6 años y 8 meses debido a su edad, superior a 80 años.

El tribunal determinó que la pena no se cumplirá en arresto domiciliario ni bajo reglas de conducta, aunque sí se suspendió temporalmente la ejecución para Torres y Huerta hasta que se resuelvan los recursos en segunda instancia. Castillo y Chávez, en cambio, deberán iniciar el cumplimiento de su condena de manera inmediata.

Además de la pena privativa de libertad, la sentencia impone inhabilitación y el pago de una reparación civil de 12 millones de soles, que deberán cancelar solidariamente los cuatro condenados. La medida busca resarcir al Estado por los daños derivados del intento de golpe de Estado.

Este fallo marca un hito en la política peruana reciente, siendo una de las primeras condenas por conspiración vinculadas directamente con un intento de autogolpe en el país. Durante su mandato, Castillo, de tendencia izquierdista, intentó disolver el Congreso y reestructurar el Ejecutivo, acciones que fueron ampliamente criticadas y consideradas inconstitucionales por las autoridades judiciales y políticas del país.

Betssy Chávez, quien buscó refugio en la embajada de México durante el proceso, también es señalada por su participación activa en la planificación del autogolpe, mientras que Huerta y Torres asumieron roles estratégicos dentro del gobierno de Castillo durante el mismo periodo.

La condena refleja la firme postura del sistema judicial peruano frente a intentos de desestabilización del orden democrático y sienta un precedente sobre la responsabilidad de los altos funcionarios en casos de conspiración contra el Estado.

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