La situación judicial de Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, entró en una nueva fase de tensión luego de que la Fiscalía de Colombia solicitara este martes su reclusión en una cárcel mientras avanza el proceso en su contra. La petición fue presentada por la fiscal Lucy Laborde durante una audiencia celebrada en Barranquilla, donde el Ministerio Público detalló los motivos por los que considera necesaria una medida de aseguramiento intramural.

Según Laborde, Petro Burgos habría incurrido en graves irregularidades durante su periodo como diputado de la Asamblea del Atlántico entre 2020 y 2023. La Fiscalía lo acusa de direccionar contratos públicos y apropiarse de 111 millones de pesos colombianos —unos 29.000 dólares— aprovechando su cargo y su influencia política. La funcionaria aseguró que el imputado “tenía pleno conocimiento de la ilicitud de sus acciones” y participó de manera activa en la manipulación de procesos contractuales que beneficiaban sus intereses.

El caso, de alto impacto mediático por tratarse del hijo del presidente colombiano, incluye además otras investigaciones paralelas por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Estas últimas están relacionadas con supuestos fondos irregulares que habrían ingresado a la campaña presidencial de 2022, un capítulo que ha mantenido constante presión sobre el gobierno de Gustavo Petro.

Durante la audiencia, la fiscal Laborde argumentó que una detención domiciliaria no es viable, ya que Nicolás Petro mantiene una influencia que podría permitirle obstruir la investigación. La delegada expuso que existe riesgo de manipulación probatoria y recordó que incluso habría presentado un certificado laboral falso para justificar ingresos ante las autoridades, lo cual constituye otro presunto delito.

Uno de los puntos más llamativos revelados por la Fiscalía fue que un miembro de la Policía Nacional habría consultado información reservada del proceso judicial en el sistema SPOA. La fiscal sugirió que esta acción podría haber sido realizada para favorecer al imputado, lo que refuerza el argumento de la necesidad de una medida más estricta.

El empresario Euclides Torres, quien ha sido mencionado en varias etapas del caso, volvió a aparecer en la audiencia a través de mensajes intercambiados entre Nicolás Petro y su expareja, Day Vásquez. En estos textos, Vásquez advertía a Petro que evitara reunirse con Torres, insinuando posibles compromisos o vínculos irregulares que siguen bajo investigación.

La Fiscalía sostiene que Petro Burgos representa “un peligro para la sociedad”, no solo por la gravedad de las acusaciones, sino por su capacidad para influir en testigos, funcionarios y procedimientos. El juez del caso deberá decidir si acoge la solicitud y ordena su traslado a una cárcel de Barranquilla.

La audiencia está prevista para continuar el próximo lunes 15 de diciembre, cuando intervendrá el Ministerio Público. Posteriormente, el jueves 18 será el turno de la defensa de Nicolás Petro, que intentará evitar que se imponga la medida intramural.

Fuente: Noticias Caracol

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