La Administración de Donald Trump ha implementado una colaboración entre la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), mediante la cual los datos de todos los pasajeros aéreos de Estados Unidos son compartidos con las autoridades migratorias.

Este acuerdo, vigente desde marzo e incrementado en la actualidad, permite que los agentes del ICE identifiquen y detengan a migrantes que tengan órdenes de deportación antes de que puedan abordar sus vuelos, aumentando significativamente la capacidad del gobierno para ejecutar expulsiones de manera rápida y preventiva.

The New York Times reveló detalles de esta colaboración gracias a documentos internos que muestran cómo se notifican los itinerarios de vuelo de personas con antecedentes migratorios pendientes. Un caso emblemático es el de Any Lucía López Belloza, una joven de 19 años que cursaba estudios universitarios y fue detenida en el aeropuerto Logan de Boston el 20 de noviembre.

López Belloza iba a viajar a Texas para visitar a su familia durante el Día de Acción de Gracias, pero fue arrestada por tener una orden de deportación pendiente y deportada a Honduras dos días después. Otro ejemplo es Marta Brizeyda Renderos Leiva de El Salvador, cuya detención en Salt Lake City también se derivó del intercambio de información entre TSA y ICE.

Anteriormente, las aerolíneas compartían datos de los pasajeros con la TSA únicamente con fines de seguridad, para prevenir posibles amenazas terroristas. Sin embargo, el uso de esta información para facilitar detenciones migratorias representa un cambio significativo en las políticas de vigilancia y control de la Administración Trump y ha generado reacciones inmediatas de las organizaciones que defienden los derechos de los migrantes.

Murad Awawdeh, presidente de la New York Immigration Coalition, advirtió que esta práctica “aterroriza a las comunidades y castiga a las personas por el simple hecho de vivir sus vidas”, subrayando que cualquier vuelo puede terminar con detenciones inesperadas.

Los documentos obtenidos revelan que el Centro de Respuesta de Ejecución del Pacífico, oficina del ICE en California, coordina con agentes de inmigración de todo el país y solicita a cárceles locales que retengan a los migrantes antes de sus vuelos. Este sistema busca acelerar las deportaciones, ya que el presidente Trump se ha mostrado insatisfecho con el ritmo de expulsiones, esperando alcanzar un millón de deportaciones durante el primer año de su segundo mandato.

La estrategia de intercambio de datos entre agencias federales, que incluso ha involucrado intentos de colaboración con la Agencia Tributaria, refleja un aumento en la vigilancia de los migrantes en Estados Unidos y plantea un debate sobre la erosión de derechos civiles. Activistas advierten que los migrantes son un indicador temprano de cómo pueden verse amenazados los derechos de toda la población si se normaliza esta vigilancia masiva.

Fuente: El País

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