La justicia de Nicaragua condenó por corrupción al histórico comandante sandinista Bayardo Arce, una de las figuras más influyentes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) desde el triunfo de la revolución en 1979 y, hasta hace poco, asesor económico del presidente Daniel Ortega. Además de declararlo penalmente responsable, un tribunal ordenó la confiscación de sus bienes y el cierre de empresas vinculadas a su entorno.

El gobierno nicaragüense informó que Arce, de 76 años, fue hallado culpable del delito de lavado de activos en la modalidad de defraudación al Estado, en un caso que involucra un presunto esquema de corrupción por casi 3.000 millones de dólares. La Procuraduría General de Justicia señaló que el excomandante habría organizado una red para canalizar fondos de origen ilícito mediante evasión fiscal, uso de sociedades mercantiles, préstamos ficticios y transferencias internacionales hacia jurisdicciones como Panamá y las Islas Vírgenes Británicas.

Junto a Arce también fue condenado su asistente, Ricardo Bonilla, a quien las autoridades acusan de participar en el mismo entramado financiero. Según el comunicado oficial, ambos utilizaron testaferros y estructuras empresariales para ocultar el origen y destino de los fondos. El fallo incluyó la cancelación de sociedades y el decomiso de propiedades, aunque el gobierno no precisó públicamente la duración de las penas. Familiares han indicado que los dos permanecen detenidos en un lugar no revelado desde hace varios meses.

Más allá del caso judicial, la caída de Bayardo Arce tiene un fuerte significado político. Arce fue uno de los nueve comandantes de la Dirección Nacional del FSLN, el núcleo que dirigió la lucha armada contra la dictadura de Anastasio Somoza y que tomó el poder tras el triunfo revolucionario en 1979. Durante los años ochenta, Arce fue una de las figuras más influyentes del sandinismo, con un papel destacado en la definición de la política económica y en la relación del gobierno revolucionario con sectores empresariales.

Con el regreso de Daniel Ortega al poder en 2007, Arce se consolidó como uno de sus principales asesores económicos y como un intermediario clave entre el gobierno y el sector privado. Durante años fue considerado un arquitecto de los acuerdos entre el Ejecutivo sandinista y el gran empresariado, un modelo que permitió cierta estabilidad económica a cambio de control político, hasta que ese esquema comenzó a resquebrajarse tras la crisis de 2018.

Su condena se interpreta como parte de una purga interna dentro del círculo histórico del sandinismo. Según opositores y analistas, estas depuraciones son impulsadas por la vicepresidenta y copresidenta Rosario Murillo, con el aval de Ortega, en el marco de una reconfiguración del poder para asegurar la sucesión y eliminar figuras que, por su peso histórico, podrían representar focos de autonomía o disidencia interna.

Arce se convierte así en el tercer miembro de la vieja guardia sandinista en caer en desgracia. Henry Ruiz permanece bajo arresto domiciliario desde 2025, y Humberto Ortega, exjefe del Ejército y hermano del presidente, también estuvo bajo arresto antes de fallecer en 2024.

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