La congresista republicana María Elvira Salazar solicitó este viernes al presidente Donald Trump que ejerza su autoridad ejecutiva para proteger a los inmigrantes acogidos bajo el programa de parole humanitario, tras el reciente fallo de la Corte Suprema que podría abrir la puerta a su deportación.

En un comunicado, Salazar expresó su preocupación por el futuro de miles de migrantes, principalmente provenientes de países como Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua, quienes ingresaron legalmente a Estados Unidos bajo la promesa de una vía humanitaria ofrecida por la administración Biden.

“Si bien la decisión de la Corte Suprema debe respetarse, no podemos ignorar el sufrimiento humano que conllevaría deportar a estas personas. Vinieron huyendo de regímenes opresores y situaciones que ponen en riesgo sus vidas”, señaló la legisladora por el sur de la Florida.

Salazar pidió que se considere el uso de la Salida Forzosa Diferida (DED, por sus siglas en inglés), una herramienta presidencial que permite frenar temporalmente la deportación de ciudadanos de países que enfrentan crisis graves, como conflictos armados, represión política o catástrofes naturales.

“Estos migrantes confiaron en una promesa de protección. No podemos ahora darles la espalda. El presidente tiene la autoridad para actuar y debe hacerlo por razones morales y humanitarias”, agregó.

El fallo del alto tribunal permite al gobierno de Trump revocar ciertas protecciones migratorias otorgadas a miles de inmigrantes, lo que genera un clima de incertidumbre y alarma en comunidades vulnerables.

La DED no equivale a un estatus migratorio permanente, pero otorga un alivio temporal que impide la deportación durante un tiempo determinado. Su aplicación es discrecional y depende directamente del presidente en funciones, quien puede designar países cuyos ciudadanos ameriten esa protección por razones de interés nacional o política exterior.

Los beneficiarios de la DED deben cumplir con requisitos específicos establecidos por el gobierno estadounidense, incluyendo residencia continua y no representar una amenaza para la seguridad nacional.

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