Una mujer de origen mexicano fue arrestada en California y acusada de haber utilizado durante décadas información falsa para obtener y mantener empleos, incluido uno en una empresa aeroespacial que trabaja como contratista del Ejército de Estados Unidos.

Alma Patricia Contreras Villafana, de 54 años y residente en el sur de Los Ángeles, enfrenta ocho cargos federales relacionados con fraude electrónico, uso de un certificado de naturalización falso, robo agravado de identidad y una declaración falsa de ciudadanía estadounidense.

De acuerdo con una acusación presentada ante un gran jurado federal, Villafana consiguió en diciembre de 1996 un empleo en una compañía ubicada en Torrance después de declarar en el formulario I-9 que era ciudadana estadounidense. Ese documento es utilizado por los empleadores para verificar la identidad y autorización laboral de sus trabajadores.

La investigación sostiene que Villafana había recibido en 2003 una orden de un juez de inmigración para ser expulsada de Estados Unidos.

Sin embargo, en enero de 2026 habría vuelto a declarar bajo pena de perjurio que era ciudadana estadounidense con el objetivo de conservar su empleo en otra compañía identificada en los documentos judiciales como “Company-1”. Además, habría proporcionado en el formulario un número de certificado de naturalización perteneciente a otra persona.

La empresa donde trabajaba actualmente es descrita en la acusación como un fabricante aeroespacial del área de South Bay y contratista del Ejército estadounidense.

Según la acusación, entre diciembre de 1996 y septiembre de 2026, Villafana recibió al menos 1.4 millones de dólares en pagos por sus empleos en las dos compañías. Parte de esos ingresos habría sido depositada directamente en su cuenta bancaria.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó que la mujer enfrenta cinco cargos de fraude electrónico, uno por utilizar un certificado de naturalización falso, otro por robo agravado de identidad y uno adicional por realizar una declaración falsa de ciudadanía.

Si fuera declarada culpable, podría enfrentar hasta 20 años de prisión por cada cargo de fraude electrónico, hasta 10 años por el uso del documento falso y hasta tres años por la falsa declaración de ciudadanía. El cargo de robo agravado de identidad contempla además una pena obligatoria de dos años consecutivos.

Villafana debía comparecer inicialmente ante un tribunal federal de Los Ángeles el lunes 21 de septiembre. La investigación está a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

La acusación presentada por un gran jurado constituye únicamente una imputación. La acusada se presume inocente mientras no sea declarada culpable más allá de toda duda razonable.

Recomendado para ti