El arresto de una mujer en Kentucky acusada de homicidio fetal tras presuntamente autoinducirse un aborto con medicamentos ha vuelto a poner en el centro del debate las consecuencias legales del aborto en Estados Unidos desde que la Corte Suprema revocó el precedente de Roe contra Wade en 2022.

La Policía Estatal de Kentucky informó del arresto de Melinda S. Spencer, de 35 años, residente en Campton, en el condado de Wolfe. Según las autoridades, la investigación comenzó cuando una clínica local alertó a la policía de que una mujer había revelado haber abortado en su vivienda. Tras entrevistarla, los detectives señalaron que Spencer admitió haber pedido pastillas abortivas por internet para interrumpir su embarazo.

De acuerdo con el informe policial, Spencer habría enterrado los restos del feto en una tumba poco profunda en la parte trasera de su propiedad. Posteriormente, los agentes acudieron al lugar indicado y localizaron los restos. La policía describió al feto como “desarrollado”, aunque no se ha precisado la edad gestacional. Una autopsia en Frankfort busca determinar ese dato clave para la investigación.

Spencer enfrenta cargos de homicidio fetal en primer grado, maltrato de cadáver y manipulación de pruebas físicas. La acusada ingresó en una cárcel local y, por recomendación de sus abogados, declinó hacer declaraciones a la prensa.

El caso resulta especialmente controvertido porque la propia legislación de Kentucky establece una prohibición casi total del aborto desde 2022, permitiendo que solo los médicos lo practiquen para evitar la muerte o lesiones graves a la madre. No existen excepciones por violación o incesto. Sin embargo, la ley también contempla que el delito de homicidio fetal excluye los actos de una mujer embarazada que causen la muerte de su propio feto, un punto que previsiblemente será central en la defensa legal.

Aunque Kentucky prohíbe a los médicos realizar abortos tras la concepción, no penaliza explícitamente que una mujer se autoinduzca un aborto. Expertos médicos coinciden en que el uso de pastillas abortivas durante el primer trimestre es un método seguro, y desde la caída de Roe v. Wade su solicitud en línea se ha incrementado de forma notable.

Datos del proyecto de investigación #WeCount indican que, a finales de 2024, uno de cada cuatro abortos en Estados Unidos se realizó mediante consultas médicas en línea y el envío de medicamentos por correo. Decenas de miles de esos procedimientos ocurrieron en estados con prohibiciones estrictas del aborto.

Aun así, las consecuencias penales han ido en aumento. Según el grupo Pregnancy Justice, en los dos años posteriores a la revocación de Roe, al menos 412 personas fueron procesadas por delitos relacionados con el embarazo, incluidos abortos espontáneos. Dieciséis de esos casos implicaron cargos de homicidio.

Mientras algunos estados vecinos, como Ohio y Virginia, mantienen restricciones parciales, otros como Illinois garantizan el acceso al aborto hasta la viabilidad fetal. Kentucky, por ahora, no limita legalmente que las mujeres viajen a otros estados para recibir este tipo de atención.

Fuente: The Guardian

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