La violencia de género en Cuba vuelve a quedar expuesta tras una denuncia pública de la periodista Claudia Rafaela Ortíz Alba, quien relató un caso alarmante de negligencia policial en la Estación de Zanja, en La Habana.

Según su testimonio, fue testigo de cómo un hombre golpeaba brutalmente a su pareja en plena calle y, al intentar formalizar la denuncia, los oficiales se negaron a recibirla bajo el argumento de que solo la víctima podía presentar cargos.

“En clara violación del Código Penal, me impidieron levantar una denuncia por violencia de género contra un hombre que pateó a su pareja varias veces en el estómago, frente a todos los vecinos. Incluso un amigo que intervino resultó herido”, escribió Ortíz Alba en Facebook.

El agresor, lejos de ser detenido, regresó después del ataque armado con un cuchillo, lanzó botellas al balcón de los testigos y amenazó con permanecer vigilando la zona.

La periodista, directora de la revista estatal Alma Mater, expresó su indignación por la indiferencia de la policía y denunció la ausencia de políticas efectivas en la Isla: “No hay refugios, no hay sistema de apoyo estructurado, no hay voluntad política de ayudar a las miles de mujeres en riesgo de morir en manos de sus parejas. ¡Ley integral contra la violencia de género ya!”.

Este hecho se suma a una crisis alarmante. Organizaciones independientes como Yo Sí Te Creo en Cuba y el Observatorio de Género Alas Tensas han confirmado 31 feminicidios en lo que va de 2025, aunque advierten que la cifra real es mayor por la falta de datos oficiales.

El caso más reciente fue el asesinato de Mercedes “La Mora” Cantero Rodríguez de 64 años, presuntamente a manos de su pareja en Artemisa.

Pese a que la Constitución cubana menciona la violencia familiar, Cuba sigue siendo el único país del hemisferio occidental sin una ley integral contra la violencia de género ni el reconocimiento del término “feminicidio” en su marco penal. Esto limita la protección de las víctimas y deja en evidencia la falta de mecanismos de apoyo como casas de acogida o asistencia psicológica y legal.

El clamor de activistas y víctimas es claro: urge empatía, formación y una reforma legal que garantice seguridad y justicia. Sin esa respuesta estatal, cada día más mujeres quedan expuestas a un ciclo de violencia que, como este caso en La Habana, podría terminar en tragedia.

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