El régimen cubano volvió a ocupar pantalla este jueves para promover un supuesto desmantelamiento de una amplia red internacional de narcotráfico, presentada como prueba de su conocida política de “tolerancia cero”. La información, divulgada por Canal Caribe, afirma que la operación evitó la entrada de más de un millón de dosis de cannabinoides sintéticos —popularmente llamados químico o papelito— que presuntamente venían de Estados Unidos.

Según el relato oficial, las sustancias eran enviadas a Cuba camufladas en potes de yogur, envases de gelatina, frascos de suplementos y hasta medicamentos. Una vez en la isla, serían procesadas con acetona y otros precursores para distribuirse en varios municipios habaneros como San Miguel del Padrón, Regla y Diez de Octubre.

Las autoridades aseguran que entre los implicados figura un cubano residente en Florida, acompañado por otros tres radicados en la isla que, supuestamente, coordinaban tanto la entrada como la venta interna de la droga. El operativo habría terminado con 24 detenidos y el decomiso de más de 11 millones de pesos cubanos, varios automóviles, inmuebles y herramientas vinculadas a la elaboración del estupefaciente.

También se afirmó que el dinero incautado estaba destinado a ser enviado al exterior para financiar otras operaciones delictivas y que Washington no respondió a las solicitudes de cooperación para extraditar a los ciudadanos con residencia en Estados Unidos. Durante los registros, según el reporte, se hallaron guantes, jeringuillas, mascarillas y otros implementos utilizados en la confección de la droga sintética.

Sin embargo, más allá del dramatismo televisivo y la narrativa repetida, el anuncio deja numerosas sombras. En los últimos meses, el gobierno ha intensificado este tipo de comunicados en un contexto de creciente malestar social y profunda crisis económica. Para muchos ciudadanos, estas operaciones funcionan como cortinas de humo para desviar la atención del hambre, los apagones y el éxodo masivo que las autoridades no logran contener.

La propia versión oficial reconoce un aumento del uso de servicios de mensajería privada y criptomonedas, lo que evidencia la incapacidad del Estado para controlar unas dinámicas que se han expandido precisamente bajo su administración. Mientras tanto, el régimen insiste en negarlo todo y proyectar una imagen de eficiencia que pocos dentro del país consideran creíble.

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