El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, y el defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, presentaron este miércoles sus renuncias ante la Asamblea Nacional de Venezuela, en un contexto de reconfiguración política tras la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores el pasado 3 de enero.

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, informó que recibió “sendas misivas” con las dimisiones de ambos funcionarios, quienes habían sido ratificados en octubre de 2024 para un nuevo período de siete años, hasta 2031. Rodríguez detalló que, ante la ausencia de un vicefiscal, se designará un encargado temporal mientras se activa el Comité de Postulaciones para elegir a las nuevas autoridades.

Saab, de 63 años, ocupaba la jefatura del Ministerio Público desde agosto de 2017, tras la destitución de Luisa Ortega Díaz por la entonces Asamblea Nacional Constituyente. Durante su gestión encabezó investigaciones contra dirigentes opositores, periodistas y activistas, y fue una de las figuras centrales del aparato judicial del chavismo.

Organizaciones internacionales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional documentaron durante su mandato denuncias de detenciones arbitrarias, torturas y uso del sistema penal para perseguir a la disidencia. Según reportes de derechos humanos, al menos 18 personas murieron bajo custodia del Estado en ese período. Saab rechazó reiteradamente estas acusaciones y negó la existencia de presos políticos, argumentando que se trataba de personas detenidas por hechos tipificados como delitos.

En enero de 2026, el ahora exfiscal informó que más de 400 medidas de liberación habían sido tramitadas desde finales de diciembre como parte de un proceso de “pacificación”. También aseguró que su despacho atendió a más de 4,5 millones de ciudadanos desde 2017.

Por su parte, Alfredo Ruiz dirigía la Defensoría del Pueblo desde 2017. Su gestión fue cuestionada por sectores opositores y organizaciones civiles que señalaban falta de independencia frente al poder ejecutivo.

Las renuncias se producen en medio de anuncios de cambios sustanciales en el país, incluidos la excarcelación de detenidos, la aprobación de una ley de amnistía y el cierre del centro de detención El Helicoide. Estos movimientos forman parte de un proceso que las nuevas autoridades han descrito como una etapa de transición y revisión institucional.

La salida de Saab y Ruiz marca el fin de una etapa en dos organismos clave del sistema de justicia venezolano, cuya actuación fue objeto de fuertes críticas nacionales e internacionales durante los años más intensos de la crisis política.

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