El Gobierno cubano anunció un cambio significativo en las reglas para las empresas extranjeras: próximamente podrán contratar directamente a sus empleados, sin depender obligatoriamente de una empleadora estatal. El anuncio fue realizado por Oscar Pérez-Oliva, vice primer ministro y titular de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, durante la Feria Internacional de La Habana.

Hasta ahora, la normativa obligaba a las compañías foráneas a gestionar su personal únicamente a través de empresas estatales empleadoras, que seleccionaban a los candidatos, establecían los salarios y firmaban los contratos. Estas entidades, además, aplicaban una comisión sobre los pagos, lo que ha sido históricamente criticado por empresarios y analistas por restar transparencia y competitividad al entorno laboral cubano.

Pérez-Oliva explicó que, con las nuevas disposiciones, el inversionista podrá decidir si mantiene el esquema actual o si opta por la contratación directa una vez concluido el proceso de selección. La medida, dijo, busca ofrecer “mayor flexibilidad” a los inversores y mejorar la retención de trabajadores en un contexto marcado por el éxodo de profesionales.

Este cambio se suma a otros intentos del Gobierno de flexibilizar la gestión del capital extranjero, como el modelo aplicado recientemente en el sector hotelero, donde cadenas multinacionales han comenzado a operar con más autonomía en instalaciones arrendadas por el Estado.

Sin embargo, aún no se ha precisado cuándo entrarán en vigor los decretos que harán oficial esta reforma. Lo que sí está claro es el contexto en el que ocurre: Cuba atraviesa una de las crisis más profundas en décadas. La combinación de la pandemia, las sanciones de Estados Unidos y errores económicos acumulados ha deteriorado gravemente el tejido productivo del país.

La inflación sigue elevada, los apagones se han vuelto parte de la rutina nacional y la escasez de alimentos, medicamentos y combustible golpea con fuerza a la población. A todo ello se suma la dolarización creciente y un flujo migratorio sin precedentes que ha vaciado centros laborales, incluyendo sectores estratégicos.

En este escenario, la posibilidad de contratar directamente podría convertirse en un incentivo para que más empresas consideren invertir en la isla. No obstante, expertos señalan que la reforma, por sí sola, no resolverá los problemas de fondo que afectan la confianza de los inversionistas: la falta de seguridad jurídica, la dualidad monetaria en las operaciones, la inestabilidad regulatoria y la baja capacidad de pago del Estado.

Mientras tanto, el Gobierno intenta enviar señales de apertura que permitan atraer capital fresco para una economía que lo necesita urgentemente. Falta por ver si estas nuevas promesas se traducen en cambios reales y sostenibles o si quedarán, como ha ocurrido en ocasiones anteriores, en simples anuncios sin impacto efectivo.

Fuente: EFE

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