Las autoridades cubanas han anunciado una investigación contra Humberto Julio Mora Caballero, ciudadano originario de Camagüey y residente en Miami, al que acusan de dirigir una estructura financiera informal dedicada al manejo de remesas y operaciones con divisas fuera del sistema estatal. La denuncia fue divulgada por el diario Granma y la televisión nacional, medios que presentaron el caso como un intento de socavar el control gubernamental sobre los flujos de dinero que llegan al país.

Según explicó el teniente coronel Yisnel Rivero Crespo, jefe del Departamento de Delitos Económicos del Órgano de Instrucción del Ministerio del Interior, la red investigada movió entre febrero y septiembre de 2025 más de mil millones de pesos cubanos y alrededor de 250.000 dólares estadounidenses mediante un mecanismo de “compensación financiera internacional”. Este tipo de arreglos permite recaudar divisas en Estados Unidos y entregar pesos en Cuba, de acuerdo con tasas de cambio marcadas por el mercado informal.

La operación, de acuerdo con la versión oficial, también incluía el financiamiento de importaciones para diversas mipymes en la isla. Estas, según la investigación, recibían fondos para compras mayoristas en el exterior y debían reembolsar en efectivo sus ventas minoristas al supuesto organizador de la red. Las autoridades señalan que Mora Caballero habría obtenido ganancias cobrando comisiones de entre un 8 y un 12% tanto a los familiares en Estados Unidos por el envío de remesas como a los negocios privados por facilitarles acceso a mercancías.

En julio pasado, el Minint informó de una primera acción contra parte de esta estructura, que resultó en ocupación de bienes, dinero en efectivo y la presentación de varios implicados ante los tribunales. Sin embargo, según la versión oficial, Mora Caballero habría reconstruido la red y continuado operando “con solvencia millonaria”.

El gobierno sostiene que estas actividades perjudican la economía nacional al desviar remesas del sistema financiero estatal, reducir la entrada de divisas por canales oficiales y fomentar la evasión fiscal mediante grandes volúmenes de efectivo circulando fuera de los mecanismos electrónicos establecidos. También se acusa al cubano residente en Miami de carecer de licencias en Estados Unidos para realizar intermediación financiera y de utilizar cuentas de terceras personas para evitar controles.

Las autoridades señalan que han notificado a EE.UU. sobre estas operaciones, pero afirman no haber recibido respuesta. Mientras tanto, presentan el caso como parte de una política de “tolerancia cero” frente a delitos económicos y actividades financieras no autorizadas.

El caso ocurre en un contexto de profunda crisis económica en Cuba, donde las remesas representan una de las principales fuentes de divisas para la población. El auge de redes informales de envío de dinero y abastecimiento a mipymes refleja, en parte, la creciente desconfianza en los canales oficiales y la búsqueda de alternativas ante las restricciones financieras impuestas por el propio Estado.

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