El gobierno cubano comenzó a vender de manera regulada una libra de frijoles por persona a 280 pesos cubanos (CUP) en Isla de la Juventud, como parte de un esquema que busca eliminar intermediarios y llevar el producto directamente desde la cosecha hasta las bodegas de comercio minorista.

Según un reporte de Canal Caribe, los frijoles fueron producidos por campesinos locales y recogidos por la empresa estatal ACOPIO en las fincas para su posterior distribución a las unidades de venta. Uno de los agricultores involucrados expresó su satisfacción: “Me siento contento porque el pueblo de la Isla está comiendo de lo que yo fui capaz de producir”. Por su parte, una anciana entrevistada señaló: “Estamos muy felices de poder acceder a un alimento básico sin depender de intermediarios ni de traslados complicados desde otras provincias”.

Las autoridades destacan la medida como un logro dentro de la política de autoabastecimiento municipal, cuyo objetivo es que cada territorio pueda cubrir parte de sus necesidades alimenticias sin depender de suministros externos. Sin embargo, la realidad productiva de Cuba sigue siendo limitada, y la cantidad asignada —una libra por persona— apenas alcanza para uno o dos almuerzos.

El precio, aunque más bajo que el del mercado informal, sigue siendo elevado para muchos cubanos. A inicios de 2026, el salario medio mensual en la Isla ronda los 6,830 CUP, lo que permitiría adquirir unas 24 libras de frijoles al mes, pero esto solo cubre una fracción de la alimentación necesaria, ya que los ciudadanos necesitan complementar con arroz, vegetales, carnes y otros productos.

La medida refleja los esfuerzos oficiales por organizar la distribución de alimentos, pero también pone de relieve la creciente complejidad del acceso a productos básicos en Cuba. Las familias enfrentan limitaciones de cantidad, altos precios relativos y un sistema de distribución que todavía no logra cubrir plenamente la demanda interna.

En este contexto, la venta regulada de frijoles es bienvenida por la población, pero evidencia que el acceso a alimentos continúa siendo uno de los principales desafíos en la Isla, a pesar de las políticas estatales de control y planificación de la producción agrícola local.

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