Denuncias de organizaciones animalistas alertan sobre una red criminal que roba caballos en zonas rurales de Cuba para su sacrificio y venta ilegal, mientras campesinos aseguran vivir en total indefensión ante la falta de respuesta policial.

El robo de caballos en Cuba ha dejado de ser un hecho aislado para convertirse, según organizaciones independientes de protección animal, en una actividad criminal organizada que opera con total impunidad en varias provincias del país. La denuncia más reciente de Bienestar Animal Cuba (BAC) describe la existencia de una “mafia” dedicada al hurto sistemático de equinos para su posterior sacrificio y venta en el mercado negro de carne.

Uno de los casos más recientes ocurrió en el municipio de Jatibonico, en Sancti Spíritus, donde una familia campesina perdió una yegua en pleno día, alrededor de las 11:30 de la mañana. El animal había sido criado durante meses y constituía una herramienta esencial para el traslado de la familia hacia el pueblo. No era la primera vez que sufrían un hecho similar: el año anterior ya habían perdido otro caballo, sin que las autoridades iniciaran una investigación efectiva, según la denuncia.

Este patrón se repite en distintas zonas rurales del país. En muchos casos, los caballos no solo representan un bien material, sino el principal medio de transporte y trabajo para familias campesinas que viven en comunidades aisladas, donde el acceso a servicios básicos es limitado. Su pérdida implica, por tanto, un impacto directo en la supervivencia diaria.

De acuerdo con BAC, los animales robados son trasladados hacia puntos de sacrificio clandestinos y su carne se comercializa en el mercado negro, aprovechando la alta demanda alimentaria y la escasez de productos cárnicos en la isla. Esta actividad ilícita se habría consolidado con rutas establecidas, particularmente hacia provincias como Ciego de Ávila.

El fenómeno no es nuevo. Datos oficiales han reconocido en los últimos años un aumento de los delitos contra la masa ganadera en Cuba. Aunque las autoridades han implementado medidas como el uso de prisión provisional para los acusados, el nivel de esclarecimiento de estos casos sigue siendo bajo, lo que alimenta la percepción de impunidad entre los campesinos.

Además del impacto económico, organizaciones animalistas denuncian el grave sufrimiento al que son sometidos los animales, víctimas de un sistema donde no existen garantías efectivas de protección ni control. También señalan que, en ocasiones, las propias víctimas del robo enfrentan sanciones administrativas, lo que agrava la sensación de abandono institucional.

Mientras tanto, en las zonas rurales, crece el temor entre los campesinos, que aseguran vivir en constante vigilancia para evitar que sus animales desaparezcan de un día para otro.

Fuente: Periódico Cubano

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