Como era de imaginar, el exilio cubano está dividido en cuanto a aceptar las supuestas conversaciones entre el secretario de Estado de Estados Unidos Marco Antonio Rubio y Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro Ruz. Estas reuniones, reveladas por Axios ( sitio web de noticias de EE.UU), han abierto un intenso debate sobre los límites de la transición política en Cuba y el papel que podrían jugar los descendientes de los líderes históricos en un eventual proceso de cambio.

Marco Antonio Rubio presuntamente ha sostenido contactos con Rodríguez Castro, quien se perfila como una figura de absoluta confianza dentro del entorno de su abuelo. Según los reportes, estas conversaciones no incluyen al gobernante Miguel Díaz-Canel Bermúdez y buscan interlocutar con lo que Washington considera el verdadero poder detrás del régimen cubano.

La reacción dentro de Miami y otras comunidades del exilio ha sido inmediata y polarizada. Analistas como Andy Gómez han recordado que Raúl Castro aprendió de su hermano Fidel Castro Ruz a no confiar en nadie fuera de su círculo más cercano, lo que explica por qué eligió a su nieto para este tipo de negociaciones.

Eloy Viera, analista de la plataforma elTOQUE, ha indicado que la administración Trump, de la que Rubio forma parte, intenta conversar con el poder real y no con estructuras burocráticas que podrían no reflejar la realidad del control en La Habana.

Sectores más radicales del exilio consideran inaceptable cualquier diálogo con miembros de la familia Castro. Miguel Cossio afirmó que “nadie de la familia Castro podría estar en ese proceso de cambio” político en Cuba. En la misma línea, Sebastián Arcos Cazabón remarcó que no serían aceptables figuras como Alejandro Castro Espín o Raúl Guillermo Rodríguez Castro, considerando que representan la continuidad de un sistema que ha ejercido control absoluto sobre la Isla.

El contexto de estas conversaciones adquiere relevancia adicional al aproximarse el 30.º aniversario del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, ocurrido el 24 de febrero de 1996, en el que murieron cuatro hombres. Recientemente, congresistas cubanoamericanos como Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar, Carlos Antonio Giménez y Nicole Malliotakis enviaron una carta al presidente Donald Trump solicitando que el Departamento de Justicia evalúe formalmente la responsabilidad de Raúl Castro en ese ataque, destacando la tensión entre justicia y política.

En este escenario, Rubio se encuentra en un delicado equilibrio: explorar vías de transición política que puedan abrirse en Cuba sin ignorar la histórica demanda de rendición de cuentas de la comunidad exiliada. La pregunta que se mantiene latente es si el exilio respaldará sin reservas a Marco Antonio Rubio o si exigirá que la justicia prevalezca sobre cualquier cálculo político en las negociaciones con Raúl Guillermo Rodríguez Castro y su familia.

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