La crisis energética cubana, ya profunda por años de mala gestión económica, escasez crónica y una administración centralizada que favorece la represión sobre la productividad, ha entrado en una nueva fase crítica tras la decisión de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer sanciones y aranceles a cualquier país que suministre petróleo a la isla.

Trump firmó una orden ejecutiva que declara una “emergencia nacional” con respecto a Cuba y amenaza con gravar con aranceles a quienes continúen enviando crudo a La Habana, en lo que la Casa Blanca presenta como una respuesta a “una amenaza extraordinaria” para la seguridad y la política estadounidense.

El efecto fue inmediato: México —que había asumido el papel de principal proveedor tras la caída de los envíos venezolanos— detuvo los buques petroleros hacia la Isla, y Venezuela, tras la interrupción de su propia producción bajo presión estadounidense, ya no cubre las necesidades básicas de combustible de Cuba. Según estimaciones de mercado, la isla podría tener reservas para apenas 15 a 20 días si no se reanudan los suministros de crudo.

En la práctica, esta reducción de importaciones se traduce en lo que ya viven los cubanos: apagones prolongados, largas filas para obtener combustible y una presión sin precedentes sobre servicios básicos como transporte, salud y suministro de agua. Muchas familias dependen de generadores improvisados para mantener la electricidad, mientras que centros de salud y servicios esenciales funcionan a medias o con restricciones severas.

La situación ha sido descrita por algunos como una “bola de nieve” que se agranda con cada nuevo recorte de suministros, pero el origen de esta crisis también remite a problemas internos: décadas de centralización totalitaria, una economía arrasada por la falta de inversión, de reformas estructurales y decisiones que priorizan el control político por encima del bienestar de la población. La incapacidad del régimen para generar energía propia o diversificar su matriz productiva ha dejado al país extremadamente vulnerable ante cualquier interrupción de importaciones.

Mientras el Gobierno cubano acusa a Washington de “agresión económica” y extiende la responsabilidad al embargo, muchos ciudadanos sienten que la combinación de presión externa y la desidia de un sistema autoritario ha empujado a la nación a uno de sus peores momentos en décadas.

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