El caso de James Edward Daniels, un homicida convicto que había sido liberado por error en Miami-Dade, generó conmoción en la opinión pública de Estados Unidos. Este jueves, tras varios días de intensa búsqueda, Daniels fue finalmente capturado en Georgia durante un operativo conjunto entre alguaciles federales y el Departamento de Policía de Reynolds.
El arresto ocurrió sin incidentes, cuando el hombre de 60 años se encontraba acompañado por Timishea Price, quien también fue detenida por presuntamente ayudarlo a evadir la justicia.
Daniels había sido condenado en marzo de 2025 a cadena perpetua, tras ser hallado culpable de participar en un brutal secuestro en Opa-locka en 2020.
En aquel hecho, tres personas fueron raptadas, atadas y torturadas en un patio de camiones. Dos de ellas murieron tras recibir múltiples disparos, mientras que un sobreviviente permitió a los investigadores reconstruir la historia que lo llevó finalmente al banquillo de los acusados. La crueldad del crimen fue uno de los elementos más impactantes del juicio, lo que explica la indignación generalizada cuando se supo que Daniels había sido excarcelado por un error de procedimiento.
La liberación desató fuertes críticas contra las autoridades penitenciarias de Miami-Dade. Aunque la alcaldesa Daniella Levine Cava defendió la reputación del sistema carcelario local —que recientemente había salido de una supervisión federal de más de una década—, reconoció la necesidad de revisar los protocolos para evitar que un error tan grave se repita.
El operativo para recapturar a Daniels contó con la colaboración ciudadana, luego de que se ofreciera una recompensa de 30.000 dólares por información sobre su paradero. Expertos en seguridad, como el consultor Wayne Black, calificaron lo sucedido como una “negligencia inaceptable”, subrayando el riesgo que implicaba para la comunidad y para los testigos que declararon contra el asesino.
Con la detención de Daniels, las autoridades buscan restablecer la confianza en el sistema judicial y penitenciario. Sin embargo, el incidente ha abierto un debate más amplio sobre la transparencia y eficiencia de las instituciones encargadas de custodiar a criminales peligrosos.
El convicto ya fue trasladado nuevamente a custodia federal, donde deberá continuar cumpliendo su condena. Mientras tanto, Price enfrentará cargos adicionales por obstrucción a la justicia.
La ciudadanía espera ahora que se rindan cuentas y se implementen medidas correctivas inmediatas, pues, como señaló Black, “la seguridad pública no puede ponerse en riesgo por errores administrativos”.
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