Por segundo día consecutivo, el presidente Miguel Díaz-Canel encabezó reuniones de emergencia con equipos de trabajo movilizados en la capital cubana, en un intento visible por contener la crisis de servicios básicos —electricidad, agua y recogida de basura— que ha derivado en un creciente malestar social y en protestas espontáneas en varios barrios habaneros.
El tono de las declaraciones del mandatario, transmitidas por la prensa oficial, revela una mezcla de preocupación y advertencia. “Los problemas son de envergadura. No se resuelven en un fin de semana”, admitió Díaz-Canel, al tiempo que insistió en mantener la “sistematicidad” y el “orden” en la gestión de la crisis.
Sin embargo, lo más revelador fue su llamado al control y la disciplina ciudadana. En un mensaje que muchos interpretan como respuesta directa a las manifestaciones ocurridas en zonas como Jesús María, Los Sitios o La Lisa, el presidente advirtió que “nadie está autorizado a cerrar una vía pública” y que se tomarán medidas contra quienes “obstaculicen los servicios imprescindibles”. “Es inadmisible el desorden público”, sentenció.
Mientras tanto, la situación en la capital continúa siendo crítica. La escasez de agua, los prolongados apagones y la acumulación de basura han generado un escenario de tensión que se agrava con el deterioro general de las condiciones de vida. Los reclamos ciudadanos, en su mayoría pacíficos, reflejan la desesperación de un pueblo cansado de promesas incumplidas.
El propio Díaz-Canel reconoció “problemas acumulados de organización” y la necesidad de “chequear cada recurso” asignado a La Habana, incluso advirtiendo sobre sanciones para el sector privado que exceda los planes de consumo eléctrico. Al mismo tiempo, llamó a que los centros de trabajo y la población “participen en las labores de limpieza y embellecimiento”, en un intento por canalizar el descontento hacia la acción colectiva.
No obstante, detrás de ese discurso de movilización se percibe un trasfondo de inquietud: el temor de que el descontento social, que ya se ha expresado en las calles, se extienda y se convierta en un movimiento más amplio de protesta. El gobierno sabe que si La Habana —centro político y simbólico del país— se le escapa de control, el golpe sería devastador.
El mensaje es claro: mientras el pueblo exige soluciones, el poder teme el desborde. Y en esa tensión, el régimen vuelve a apostar por el control, el orden y la disciplina, intentando contener un malestar que ya no puede ocultar.
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