En un episodio que refleja el creciente enfrentamiento entre el gobierno de Donald Trump y las autoridades judiciales, la jueza Hannah Dugan, del condado de Milwaukee (Wisconsin), fue arrestada el viernes pasado por el FBI bajo cargos de obstrucción de la justicia. La acusación señala que Dugan ayudó a evadir la detención de un inmigrante mexicano que comparecía ante su tribunal en un caso de violencia de género.
La detención de la jueza se produjo tras un incidente ocurrido el 18 de abril, cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) intentaron arrestar a Eduardo Flores-Ruiz, un inmigrante mexicano, después de su audiencia en el tribunal de Dugan. Según el FBI, la jueza dirigió a los agentes hacia la oficina de otro juez y luego permitió que el acusado saliera de la sala por una puerta lateral. A continuación, Dugan lo acompañó por un pasillo privado y lo llevó a una zona pública, lo que dificultó la captura por parte de los agentes federales.
El FBI describió la maniobra como "intencionada" y consideró que aumentó el riesgo para el público, a pesar de que el acusado fue arrestado poco después tras una persecución a pie. La jueza fue arrestada esa misma mañana, y tras su comparecencia ante el tribunal federal de Milwaukee, se le imputaron cargos de obstrucción y ocultación de una persona. Estos cargos podrían acarrear hasta seis años de prisión.
Durante la audiencia, el abogado defensor de Dugan, Craig Mastantuono, expresó que la jueza lamentaba profundamente su arresto, asegurando que no actuó en contra de la seguridad pública. Por su parte, el juez federal Stephen Dries la puso en libertad mientras se desarrollan los procedimientos legales.
Este caso es el primero de su tipo desde que Trump regresó a la Casa Blanca, donde un juez local es acusado de interferir en la aplicación de las leyes de inmigración. En el pasado, una jueza en Massachusetts enfrentó acusaciones similares, aunque los cargos fueron finalmente retirados.
La administración Trump ha insistido en perseguir a funcionarios locales que obstruyan las acciones federales relacionadas con la inmigración. En enero, el Departamento de Justicia emitió directrices para investigar a aquellos que impidan la detención de inmigrantes ilegales, y el caso de Dugan se enmarca dentro de esa estrategia. Además, las tensiones sobre el control migratorio continúan siendo un punto álgido entre los jueces federales y el Ejecutivo, especialmente en casos que involucran deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados.
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