La expresentadora televisiva María Victoria Gil, hermana del exviceprimer ministro y exministro de Economía de Cuba Alejandro Gil Fernández, afirmó que la Fiscalía General de la República ha solicitado cadena perpetua para su hermano, según información que le habría confirmado una “fuente cercana a la investigación”.
En declaraciones al medio independiente 14yMedio, Gil expresó una mezcla de dolor y vergüenza ante la situación de su hermano, quien enfrenta cargos que van desde espionaje y malversación hasta lavado de activos y tráfico de influencias.
“Si Alejandro Gil ha sido capaz de traicionar sus principios, no dudaré en desear que caiga sobre él todo el peso de la ley”, declaró María Victoria desde Canarias, donde reside.
La exconductora televisiva añadió que se siente “dolida y avergonzada” por la noticia, y que sus padres, “dondequiera que estén, estarán cubiertos de vergüenza”.
“La formación que nos dieron fue basada en la honestidad y la justicia”, afirmó.
Sobre los delitos imputados, María Victoria calificó de “excepcional” la gravedad del expediente judicial, subrayando que uno de los cargos —espionaje— “se castiga con la pena de muerte”. Dijo, además, no tener información sobre otros implicados ni sobre la situación actual de su cuñada, Gina María González, y de sus sobrinos.
“Desconozco la situación porque los tengo bloqueados”, aclaró.
El caso contra Alejandro Gil Fernández ha sido acompañado por una intensa campaña propagandística en redes sociales impulsada por el Partido Comunista de Cuba (PCC) y organismos gubernamentales bajo la etiqueta #CeroImpunidad, con la que buscan proyectar una imagen de “tolerancia cero” hacia la corrupción.
Entre los funcionarios que replicaron el mensaje se encuentran Susely Morfa González, primera secretaria del PCC en Villa Clara; Deivy Pérez Martín, de Sancti Spíritus; Marisol Fuentes Ferrer, de Mayabeque; e Isael Rodríguez, también de Villa Clara. Todos coincidieron en resaltar la “fidelidad a los principios de la Revolución” y en asegurar que el Gobierno “no permitirá jamás la corrupción ni la insensibilidad”.
Por su parte, el Ministerio de Economía y Planificación, entidad que dirigía Gil, se sumó a los pronunciamientos oficiales con un mensaje en el que reafirmó su compromiso con la “transparencia y el enfrentamiento contundente” a cualquier manifestación de corrupción.
La nota oficial de la Fiscalía General, fechada el 31 de octubre de 2025, informó que la investigación concluyó bajo supervisión directa del Ministerio del Interior y en cumplimiento del Artículo 156 de la Constitución, garantizando —según la versión estatal— el “debido proceso”. El expediente fue remitido a los tribunales para su trámite judicial, sin precisar fechas ni detalles sobre el juicio.
Entre los delitos imputados a Gil Fernández se incluyen:
Espionaje
Actos en perjuicio de la actividad económica o de la contratación
Malversación y cohecho
Falsificación de documentos públicos
Evasión fiscal y lavado de activos
Tráfico de influencias
Violación de normas de protección de documentos clasificados
Sustracción y daño de objetos bajo custodia oficial
La Fiscalía reiteró que actúa “en representación del Estado cubano” y solicitó penas de prisión “en correspondencia con los hechos cometidos”, aunque la magnitud de los cargos y las declaraciones de la hermana del acusado sugieren que el régimen podría buscar una condena ejemplarizante en uno de los casos judiciales más delicados de los últimos años.
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