México ha recibido a 640 cubanos deportados por Estados Unidos, según cifras oficiales del Instituto Nacional de Migración (INM) hasta julio pasado. En ese mes, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum reconoció que han ingresado al país 6.525 migrantes de diferentes nacionalidades.
Los deportados son transportados en autobuses que recorren casi 3.000 kilómetros en unas 40 horas desde la garita de San Isidro, en Tijuana, hasta Villahermosa, Tabasco. Al llegar, son ingresados a la estancia del INM, donde registran su nombre en un listado y luego son liberados sin papeles. Los cubanos quedan varados y sin documentación en México, enfrentando un futuro incierto.
Louis Robaina, un cubano con residencia permanente en EE. UU., relató a Capital & Main que, pese a su green card, fue deportado tras cumplir seis años de prisión por fraude y lavado de dinero en Miami. Durante su reclusión trabajó como profesor ayudando a otros presos a obtener su diploma GED. Hoy se gana la vida vendiendo frutas en el mercado de Villahermosa.
Otro cubano, Damián de la Moneda, deportado en septiembre pasado, ve en la expulsión “una segunda oportunidad”. Aunque no dio detalles del delito que cometió, reconoce haberse juntado con malas compañías. Fue detenido por una infracción mientras se trasladaba a Texas y, al revisar su licencia vencida, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) agilizó su salida de EE. UU., pese a que él no quería ser enviado a México.
En Villahermosa, De la Moneda y otros migrantes encuentran refugio en el albergue Amparito, que les permite iniciar procesos de solicitud de asilo. Sin embargo, la incertidumbre persiste, especialmente para personas mayores o con problemas de salud, como Ángel Insúa, de 65 años, que sufre diabetes, hipertensión y pérdida de visión. Insúa aseguró que las autoridades estadounidenses le retiraron la green card tras haber estado en prisión y que durante el proceso le quitaron dinero y pertenencias.
El caso de los cubanos deportados evidencia la difícil situación que enfrentan quienes, incluso con residencia legal, quedan atrapados en un limbo migratorio al ser enviados a un país que no es su hogar, lidiando con falta de recursos, servicios médicos limitados y la imposibilidad de regularizar su estatus mientras esperan respuestas de las autoridades mexicanas.
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