La violencia vuelve a estremecer a la provincia de Artemisa. En horas de la tarde-noche del 5 de septiembre fueron hallados sin vida Francisco Torres Rodríguez, de 80 años, y su hijo Yaciel Torres Remedio, de 46, en una finca de la zona montañosa de Las Terrazas, municipio Candelaria. El crimen, ocurrido en el paraje conocido como El Cusco, conmocionó a la comunidad, que aún no logra asimilar la brutalidad del hecho.
Según informó el Ministerio del Interior (MININT), la investigación se encuentra en curso y hasta el momento no se ha identificado a los responsables. Las autoridades presumen que participaron varias personas, lo que apunta a un ataque organizado. Los cuerpos fueron encontrados en distintos puntos del terreno, lo que refuerza la hipótesis de que las víctimas intentaron escapar o fueron sorprendidas en circunstancias distintas.
El suceso se suma a una serie de crímenes violentos que en los últimos meses han sacudido la tranquilidad aparente de las provincias cubanas. La población, ya golpeada por la crisis económica y la escasez generalizada, ahora vive con el temor añadido de que la delincuencia se multiplique sin control.
Los testimonios recogidos en redes sociales muestran la preocupación de los vecinos de Artemisa, quienes temen que hechos como este se repitan. Las condolencias públicas del MININT y la promesa de que “la violencia no puede prevalecer ni quedar impune” no logran disipar la sensación de inseguridad que se extiende en la Isla.
Cuba, tradicionalmente presentada por el régimen como uno de los países más seguros de la región, enfrenta un escenario muy distinto. Robos con violencia, asaltos a viviendas, femicidios y asesinatos por ajuste de cuentas o motivos económicos aparecen con frecuencia en los reportes ciudadanos, especialmente en redes sociales, único espacio donde muchas de estas noticias salen a la luz.
La crisis económica crónica, el desempleo y la falta de oportunidades están detrás de la ola delictiva. A ello se suma la ausencia de transparencia en la publicación de estadísticas oficiales sobre criminalidad, lo que genera desconfianza en la población y la percepción de que las autoridades ocultan la magnitud del problema.
El deterioro social se refleja también en los testimonios de familias que denuncian haber sido víctimas de robos o agresiones sin recibir una respuesta adecuada de las fuerzas del orden. Casos como el de Artemisa evidencian que incluso en zonas rurales y apartadas, antes consideradas más seguras, los delitos violentos se han convertido en una amenaza real.
El doble homicidio de Francisco Torres y su hijo Yaciel no solo deja una tragedia familiar, sino que se convierte en símbolo de un país que se ve obligado a convivir con una violencia cada vez más cotidiana. Mientras el MININT asegura que los responsables serán llevados ante la justicia, los cubanos siguen preguntándose hasta qué punto el Estado tiene la capacidad —o la voluntad— de garantizar la seguridad ciudadana.
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