Donald Trump ha desatado una nueva tormenta política al ordenar, a través del Departamento de Justicia, una ofensiva legal para retirar la ciudadanía a ciertos estadounidenses naturalizados.
Esta nueva política, delineada en un memorando fechado el 11 de junio y firmado por el fiscal general adjunto Brett A. Shumate, marca un cambio drástico en el enfoque migratorio de Estados Unidos: por primera vez en décadas, se priorizan procedimientos civiles de desnaturalización como herramienta de control migratorio y penal.
La medida contempla diez categorías prioritarias, que incluyen desde delitos graves como terrorismo o crímenes de guerra hasta casos de fraude financiero o la simple omisión de antecedentes penales al momento de naturalizarse.
Lo más polémico es que, según el documento, incluso “otros casos” podrán ser perseguidos a discreción del Departamento de Justicia, dejando abierta la puerta a criterios vagos y potencialmente arbitrarios.
Como señala el profesor emérito Steve Lubet, “muchas de las categorías son tan vagas que carecen de sentido legal claro”.
El enfoque civil, además, supone un problema adicional: no garantiza el derecho a un abogado, lo que debilita significativamente la capacidad de defensa de los acusados. “La carga de la prueba para el gobierno es menor en estos procedimientos civiles, lo que los vuelve más rápidos y difíciles de combatir”, advirtió la profesora Cassandra Robertson. Un ejemplo de su aplicación fue el caso de Elliott Duke, veterano del ejército y naturalizado estadounidense, cuya ciudadanía fue revocada el 13 de junio por ocultar un delito previo.
"La medida genera preocupación por una ciudadanía de segunda clase, donde los naturalizados, pese a ser ciudadanos plenos, pueden ser tratados como sujetos condicionales a la mera discreción del gobierno."
Según el Migration Policy Institute, 25 millones de personas naturalizadas viven actualmente en EE. UU., y para muchas de ellas, esta política representa un golpe al sueño americano que alguna vez creyeron asegurado.
Este esfuerzo se enmarca en un giro mayor del Departamento de Justicia bajo Trump, que incluye también acciones contra ciudades santuario, programas DEI y tratamientos médicos de afirmación de género.
Entre enero y mayo de 2025, el 70% de los abogados de la División de Derechos Civiles del DOJ renunció, protestando contra lo que consideran una “instrumentalización legal del racismo y la xenofobia”.
La ciudadanía, una vez vista como meta final del inmigrante, se ha convertido en un estatus inestable y revocable. En la América de Trump, ser naturalizado ya no significa pertenecer plenamente, sino vivir bajo la amenaza permanente de perderlo todo.
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