Un amplio operativo conjunto desarrollado en el área de comercialización del Puente de 100 y Boyeros, en La Habana, volvió a poner en evidencia la expansión del comercio informal y las prácticas ilegales que crecen en medio de la crisis económica que atraviesa el país. La acción involucró a la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), la Dirección Integral de Supervisión y Control (DISC), el Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo (INOTU) y la Dirección General de Transporte Provincial de La Habana (DGTPH), según informó el periódico Tribuna de La Habana.

Ernesto Ramírez Téllez, especialista en fiscalización y control del Gobierno de Boyeros, precisó que el operativo culminó con la detención de diez personas vinculadas a actividades de comercialización ilegal, así como la imposición de cinco multas que oscilaron entre los 16 mil y 32 mil pesos. De acuerdo con el funcionario, estas sanciones se aplicaron a ciudadanos que realizaban ventas ilícitas en la zona, una práctica cada vez más extendida ante la escasez de productos y la precariedad económica.

Como parte de la intervención, las autoridades delimitaron el parqueo destinado al área de comercialización y lo separaron del espacio correspondiente al Banco Metropolitano. También se organizaron los puntos de acceso para regular el flujo de personas y se supervisó la presencia de menores de edad y deambulantes, un fenómeno recurrente en zonas donde proliferan mercados informales.

Ramírez Téllez explicó que se estableció un Puesto de Mando permanente con representación de la PNR, INOTU, DISC, la DGTPH y el Gobierno municipal para enfrentar las ilegalidades detectadas. La medida busca mantener un control más estricto sobre la actividad comercial en un punto que, según las propias autoridades, se ha convertido en un foco de irregularidades.

Amed Pérez López, jefe del territorio de Inmobiliaria de Boyeros, comentó que el operativo permitió verificar la presencia de vendedores ajenos al área autorizada, quienes acuden para comercializar productos ilícitos aprovechando el movimiento constante de clientes.

El Gobierno cubano continúa insistiendo en que el enfrentamiento al delito es una “prioridad nacional”, y sostiene que este tipo de ejercicios forman parte de una estrategia que involucra a varios organismos, incluido el Ministerio del Interior, con el objetivo de preservar el orden y la tranquilidad ciudadana. Como respaldo, citan el Segundo Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al Delito, la Corrupción y las Indisciplinas Sociales, realizado en 2025, donde participaron entidades estatales en análisis diarios, identificación de problemáticas y preparación para nuevas intervenciones.

Sin embargo, detrás de cada operativo, detención o multa persiste una realidad evidente: el auge del comercio informal y las actividades ilegales no responde únicamente a indisciplinas sociales, sino al deterioro económico que golpea a la población. La falta de productos básicos, los bajos salarios, los apagones prolongados y la inflación han empujado a miles de ciudadanos a buscar alternativas de supervivencia, incluso al margen de la ley. Mientras el Gobierno intensifica operativos para contener estas prácticas, el origen del problema continúa creciendo a un ritmo que las autoridades no han logrado frenar.

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