El gobierno de Estados Unidos presentó una demanda ante un tribunal federal para asumir formalmente la propiedad de un petrolero sancionado y de casi dos millones de barriles de crudo incautados frente a las costas de Venezuela en diciembre pasado. La acción legal fue interpuesta por el Departamento de Justicia de Estados Unidos como parte de un proceso de decomiso civil.

La embarcación, identificada como Skipper, fue interceptada en el marco de una operación contra lo que Washington describe como una “flota fantasma” utilizada para transportar petróleo bajo banderas falsificadas y evadir sanciones internacionales. Según las autoridades estadounidenses, el buque habría movilizado crudo procedente de Venezuela e Irán hacia distintos mercados, ocultando su origen para introducirlo en cadenas de suministro globales.

De acuerdo con la demanda, el objetivo es obtener autorización judicial para vender la carga y transferir los fondos al gobierno estadounidense. La decisión final deberá ser tomada por un juez federal en Washington, quien evaluará si procede la confiscación permanente del barco y su cargamento.

La fiscal general, Pam Bondi, afirmó en un comunicado que la medida responde a una estrategia para impedir que recursos energéticos financien actividades que Washington considera una amenaza. “Desplegaremos toda la autoridad legal a nuestro alcance para desmantelar operaciones que violen nuestras leyes y pongan en riesgo la seguridad internacional”, señaló.

Funcionarios del Departamento de Justicia sostienen que el petrolero habría contribuido a generar ingresos para la Guardia Revolucionaria iraní, entidad catalogada por Estados Unidos como organización terrorista extranjera. El fiscal adjunto A. Tysen Duva, jefe de la División Criminal, aseguró que la incautación representa “un paso importante para interrumpir el flujo de millones de dólares hacia estructuras sancionadas”.

La incautación del Skipper fue la primera de una serie de operaciones realizadas desde finales del año pasado contra embarcaciones vinculadas al comercio de crudo venezolano bajo sanciones. Según autoridades estadounidenses, al menos diez buques han sido interceptados en distintos puntos, incluso lejos del continente americano.

El caso se enmarca en una política más amplia de control y supervisión sobre el comercio energético venezolano. Mientras mantiene sanciones selectivas, Washington también ha flexibilizado algunas restricciones para permitir operaciones de compañías extranjeras bajo licencias específicas, en un intento por regular el flujo de crudo y monitorear el destino de los ingresos.

Si el tribunal autoriza la solicitud, el gobierno estadounidense podrá disponer legalmente del buque y su cargamento, consolidando así uno de los mayores decomisos de petróleo vinculados a redes sancionadas en los últimos años.

Fuente: AP

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