En los últimos años, varias entidades vinculadas al gobierno cubano han realizado compras millonarias de productos en Estados Unidos, amparadas por licencias federales que buscan suavizar ciertas restricciones del embargo. Entre las empresas y organismos beneficiados destacan el Grupo Palco, fundado por Fidel Castro, la compañía Alcona S.A., dirigida por Guillermo García Frías, y varios ministerios cubanos, incluidos los de Cultura, Agricultura, Industria Alimenticia e Instituto Nacional de Deportes (INDER).

De acuerdo con documentos públicos de la Oficina del Recaudador de Impuestos de Miami-Dade, las transacciones superan los 600 millones de dólares e incluyen desde materiales de construcción y herramientas hasta electrodomésticos, vehículos y productos de lujo. Estas compras se realizan bajo autorizaciones específicas emitidas por el Departamento de Comercio de EE. UU. y su Buró de Industria y Seguridad (BIS), en el marco de la Excepción de Licencia de Apoyo al Pueblo Cubano (SCP), diseñada para exportar bienes que supuestamente mejoran las condiciones de vida en la Isla.

El Grupo Palco, encargado de importantes instituciones oficiales como el Palacio de Convenciones y Pabexpo, es uno de los principales beneficiarios de estas licencias. También destacan otras empresas estatales como Alimpex, Frutas Selectas y Chuvy Services Corp., que han incluido en sus licencias a entidades cubanas como GECOMEX y el INDER, abarcando productos destinados tanto a infraestructura como a actividades deportivas y culturales.

Según los registros, solo hasta 2025 se realizaron compras por más de 33 millones de dólares bajo estas licencias, mientras que ministerios e instituciones públicas recibieron productos por un valor total de 87,7 millones de dólares. Sin embargo, la distribución real de estos bienes dentro de Cuba sigue siendo opaca, lo que genera cuestionamientos sobre si llegan efectivamente a la población o si son desviados hacia las élites del régimen.

El caso de Guillermo García Frías, conocido como el Comandante Jutía, ilustra cómo estas transacciones también benefician a figuras históricas del oficialismo. Empresas bajo su control participan en negocios de flora y fauna, incluyendo subastas de caballos, utilizando los permisos federales para adquirir productos en EE. UU.

La Oficina del Recaudador de Impuestos de Miami-Dade ha remitido la información a autoridades federales para su revisión, abriendo un nuevo debate sobre la efectividad del embargo estadounidense y sobre la supervisión de las licencias que deberían proteger los intereses del pueblo cubano. La polémica resalta la tensión entre los objetivos de las sanciones y la forma en que se administran los permisos de exportación, mientras crecen las dudas sobre la transparencia y el destino final de las importaciones.

Fuente: Periódico Cubano

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