La controversia en torno al exministro cubano de Economía, Alejandro Gil Fernández, ha cobrado un nuevo giro tras las declaraciones de Sandro Castro, nieto del fallecido dictador Fidel Castro, quien en un intercambio en redes sociales afirmó que “la traición se paga con la muerte”.

El comentario ha generado especulaciones sobre la gravedad de la situación del exfuncionario. Las palabras del heredero de la dictadura, figura controvertida en los círculos políticos cubanos, parecen aludir indirectamente a las acusaciones contra Gil, que enfrenta graves cargos por espionaje y otros delitos.

El pasado sábado, María Victoria Gil, hermana del exministro, en entrevista con el periodista Mario J. Pentón, acusó al régimen cubano de montar una “trampa” contra su hermano. Según su testimonio, fuentes cercanas al gobierno confirmaron que Gil está siendo investigado por supuestos vínculos con la CIA, algo que la familia niega rotundamente. La defensa del exministro, añade, fue sólida y desmintió punto por punto las acusaciones.

Gil, figura clave en la gestión económica de Miguel Díaz-Canel, fue arrestado tras una serie de citaciones y entregas de documentos. Tanto él como su esposa fueron detenidos y trasladados a una instalación del Ministerio del Interior, donde permanecieron cuatro meses. Posteriormente, fue trasladado a la prisión de máxima seguridad de Guanajay, con visitas limitadas cada 15 días.

La hermana de Gil señaló al primer ministro Manuel Marrero Cruz como principal responsable de su encarcelamiento, asegurando que él estaría detrás de todo el proceso. En contraste, sostuvo que Díaz-Canel no estuvo al tanto de la investigación, lo que, de ser cierto, reflejaría una falta de control dentro de su propio gobierno.

Las acusaciones contra Gil son graves: espionaje, malversación, cohecho, evasión fiscal, lavado de activos y otros delitos. El juicio, concluido hace 10 días, se desarrolló en completo hermetismo, sin prensa independiente y con mínima asistencia de familiares. Esta falta de transparencia ha generado preocupación sobre las garantías procesales del exministro, quien enfrenta una posible sentencia de cadena perpetua.

El caso refleja las tensiones internas dentro del gobierno cubano y la creciente opacidad del sistema judicial, especialmente en procesos vinculados a la seguridad del Estado. En medio de una crisis económica, sanitaria y política, el juicio de Gil se ha convertido en símbolo del clima de represión y control que caracteriza al régimen.

Mientras los medios oficiales guardan silencio, la incertidumbre sobre el futuro de Gil aumenta, y el proceso parece enviar un mensaje directo a otros miembros del aparato político cubano.

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