Aliyah Evans, una joven de 21 años residente en Islamorada, fue arrestada la madrugada de este martes en el Aeropuerto Internacional de Miami tras provocar pánico al afirmar que tenía una bomba en su equipaje de mano.

El hecho ocurrió alrededor de las 6:00 a.m. en los mostradores de la aerolínea JetBlue. Según testigos, Evans gritó que llevaba un explosivo y, acto seguido, ordenó a mujeres y niños evacuar el área, mientras decía a los hombres que se quedaran. Llevaba en la mano su teléfono celular con lo que parecía ser un temporizador activo, aumentando la tensión entre los presentes.

Evans lanzó su bolso cerca de los mostradores y se dirigió hacia el punto de control E, moviéndose entre los pasajeros que intentaban alejarse del lugar. La situación generó una respuesta inmediata por parte de agentes de Aduanas y Protección Fronteriza, acompañados por un equipo canino y un escuadrón antibombas. Las operaciones de seguridad fueron activadas mientras se realizaba una revisión del equipaje que, finalmente, no contenía ningún tipo de explosivo.

El incidente generó un gran disturbio en la terminal aérea, afectando la rutina de decenas de pasajeros y provocando retrasos en los vuelos. Evans también fue vista derribando los separadores de carril, lo que contribuyó al caos en el área. Tras el control de la situación, fue identificada por testigos y detenida por las autoridades.

Actualmente enfrenta cargos por presentar un informe falso sobre la colocación de una bomba o explosivo y por conducta desordenada. Este tipo de acusación es considerado un delito grave de segundo grado en el estado de Florida, con una pena máxima de hasta 15 años de prisión y una multa que puede alcanzar los 10.000 dólares.

Evans fue trasladada a la estación de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade, donde se acogió a su derecho a guardar silencio. No fue entrevistada por los agentes y permanece detenida en el Centro Correccional Turner Guilford Knight sin derecho a fianza.

La ley también contempla que, en casos donde se movilicen agencias estatales o locales como resultado de una amenaza falsa, el condenado puede ser obligado a pagar los costos generados por la operación.

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