El activista por los derechos humanos Marcel Valdés denunció la muerte y desaparición de al menos ocho cubanos que participaron en las protestas antigubernamentales iniciadas el 11 de julio de 2021 (11J), y responsabilizó al Estado por lo que califica como encarcelamientos arbitrarios, negligencia médica y uso excesivo de la fuerza en un contexto de creciente represión.

En una declaración pública, Valdés afirmó que las víctimas “tienen en común haber salido a las calles a gritar libertad” y sostuvo que varios murieron bajo custodia o tras enfrentar problemas de salud que, según familiares y allegados, no fueron atendidos de manera adecuada en prisión. A su juicio, estos casos reflejan el costo humano de la represión posterior a las mayores protestas registradas en la Isla en décadas.

Entre los nombres mencionados figura Miguel Oña Jiménez, fallecido el 14 de febrero. De acuerdo con la denuncia, era paciente con VIH y fue excarcelado en estado crítico, muriendo poco después en su vivienda. También citó a Yoleisy Oviedo, detenida tras manifestarse en 2022 en Güines por los apagones; según el activista, presentaba problemas de salud y no recibió atención médica oportuna.

Valdés incluyó además a Luis Barrios y Gerardo Díaz, detenidos por su participación en el 11J y fallecidos posteriormente; a Manuel de Jesús Guillén, cuya muerte, según la denuncia, habría ocurrido tras una agresión en prisión; y a Yosandri Mulet, quien se quitó la vida mientras cumplía condena, pese a advertencias reiteradas sobre su estado mental.

La lista incorpora igualmente a Daisel González, reportado como desaparecido desde el 27 de septiembre de 2024 tras salir de pase penitenciario, y a Diubis Laurencio, quien murió el 12 de julio de 2021 en el barrio habanero de La Güinera durante las manifestaciones.

Las autoridades cubanas han sostenido que en el país no existen presos políticos y que los procesados por el 11J fueron sancionados por delitos comunes. En algunos casos de fallecimiento, las instituciones estatales han atribuido las muertes a causas naturales.

Organizaciones independientes han solicitado investigaciones imparciales y acceso a información oficial para esclarecer responsabilidades. Para familiares y activistas, la pérdida de estos jóvenes simboliza el impacto de un sistema que, aseguran, castiga la disidencia y limita las libertades civiles, profundizando el dolor de una sociedad marcada por la confrontación y el éxodo.

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