Las denegaciones de nacionalidad española por residencia se han disparado en los últimos cinco años, con un crecimiento especialmente marcado en 2024 y 2025, según datos oficiales del Ministerio de Justicia. En total, 75.768 solicitudes fueron rechazadas en ese período, mientras que otras 35.790 fueron archivadas, lo que deja a 111.558 solicitantes sin haber logrado acceder a la nacionalidad.

Las cifras muestran un cambio de tendencia claro. Entre 2020 y 2023, las denegaciones se mantuvieron relativamente estables, con registros que oscilaron entre las 7.000 y 8.500 resoluciones negativas anuales. Sin embargo, en 2024 se produjo un salto significativo, con 20.099 solicitudes rechazadas, y en 2025 la cifra volvió a aumentar hasta alcanzar las 29.910 denegaciones, lo que representa un incremento de más del 19% respecto al año anterior.

Este aumento no solo se refleja en los rechazos, sino también en los expedientes archivados. Desde 2020, el número de archivos ha crecido de forma sostenida, pasando de apenas 135 en 2020 a más de 10.000 tanto en 2024 como en 2025. En conjunto, los datos evidencian un endurecimiento práctico del proceso y mayores dificultades para los solicitantes.

Entre las causas más frecuentes de denegación y archivo figuran errores formales y de interpretación de la normativa. Uno de los motivos más comunes es presentar la solicitud sin haber cumplido completamente el plazo de residencia legal y continuada exigido por el artículo 22 del Código Civil. Incluso un solo día de anticipación puede ser motivo suficiente para una resolución negativa.

También se detectan numerosos casos de uso incorrecto de los plazos reducidos, especialmente cuando los solicitantes alegan ser hijos o nietos de españoles sin cumplir los requisitos específicos para ser considerados descendientes de personas “originariamente españolas”. La confusión entre este concepto y el de “españoles de origen” genera rechazos frecuentes.

Otro foco de problemas está en la documentación. La presentación de documentos con apostillas falsas, errores en la cadena de legalizaciones o certificados que no cumplen los requisitos internacionales provoca archivos y denegaciones automáticas. Además, muchas personas no logran demostrar que su residencia ha sido continuada durante todo el período exigido o presentan la solicitud sin tener vigente su permiso de residencia, a veces sin ser conscientes de que este ha expirado.

Los antecedentes penales o policiales también pesan de manera importante. La jurisprudencia del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional establece que la “buena conducta cívica” debe evaluarse de forma amplia y sostenida en el tiempo. Incluso antecedentes ya cancelados o haber estado imputado en un procedimiento pueden ser valorados por la Administración a la hora de decidir si el solicitante cumple con el estándar exigido.

A estos factores se suma una fuerte limitación de recursos humanos. Actualmente, apenas siete instructores gestionan más de un millón de solicitudes acumuladas desde 2020, una carga muy superior a la que existía cuando el sistema dependía de miles de registros civiles.

Aunque la digitalización y el uso de sistemas automatizados han agilizado los trámites, el volumen de expedientes y la complejidad de muchos casos han contribuido al aumento de resoluciones negativas. Expertos subrayan la importancia de contar con asesoría profesional especializada para reducir errores y aumentar las probabilidades de éxito en un proceso cada vez más exigente.

Fuente: Legal Team

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